Seguimientos a Fiscales y Teléfonos Intervenidos Reviven Sombras de una Era de Espionaje y Control Político en Chile

En las últimas semanas, Chile ha sido sacudido por una serie de eventos alarmantes que involucran seguimientos y vulneraciones a fiscales clave que lideran investigaciones altamente sensibles, como el caso Hermosilla, vinculado a la corrupción y malversación de fondos públicos.

Nota: Alfonso Ossandón, Diario la Humanidad (Milano – Italia)

La Fiscalía ha abierto una investigación luego de denuncias de espionaje y amedrentamiento hacia funcionarios del Ministerio Público, lo que ha generado una profunda preocupación en el país sobre la seguridad institucional y la independencia judicial.

Lo que más inquieta es la sospecha de que personal activo o retirado de la Policía de Investigaciones (PDI) y de Carabineros en una especie de «Comando Conjunto» podría estar detrás de estos actos, lo que plantea un escenario aún más grave, la posible participación de fuerzas de seguridad del Estado en actividades ilegales para entorpecer las investigaciones.

Estas acciones de seguimiento y espionaje parecen tener un claro objetivo intimidatorio, ya que están dirigidas a fiscales que investigan figuras de alto perfil, como Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, y otros casos igualmente delicados.

Un incidente que reforzó estas sospechas fue el robo en la residencia de la fiscal Carmen Gloria Wittwer, quien está a cargo de una importante arista del caso Hermosilla.

Este tipo de actos, sumado a la creciente preocupación por una cantidad considerable de teléfonos intervenidos en todo el país, sugiere que las fiscalías enfrentan una campaña de amedrentamiento sin precedentes.

Todo apunta a que estos hechos no son aislados, sino parte de un plan mayor para desestabilizar las investigaciones judiciales y proteger intereses oscuros que buscan evitar la exposición de nuevos escándalos de corrupción.

Además, se ha señalado que la Fiscalía chilena mantiene vínculos con actores internacionales, particularmente a través de varios de sus agentes formados, por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esto ha llevado a la duda razonable que el Ministerio Público chileno podría estar influenciado, en algún grado, por intereses de inteligencia extranjera. Esta conexión internacional genera suspicacias sobre el grado de autonomía real que tiene la Fiscalía frente a actores externos, lo que añade otra capa de complejidad a las acusaciones de espionaje y manipulación.

¿Por qué es crucial la formalización de Andrés Chadwick?

A la interna de la Fiscalía chilena, existe una intensa pugna por llegar a la verdad y castigar a los responsables de delitos de cuello y corbata. Sin embargo, los obstáculos son numerosos, ya que algunas figuras poderosas dentro de estas investigaciones están estrechamente vinculadas a redes de influencia y poder.

Nombre que destaca en esta trama es Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, quien ha tenido un papel visible y significativo desde los tiempos de la transición.

Ambos hermanos, en su rol de lobbistas, han cruzado las fronteras de la ética e ideología, alineándose con intereses que hoy les permiten manejar importantes hilos en la política y el mundo empresarial. Su influencia va más allá de las apariciones públicas, ya que operan tras bambalinas, manipulando la narrativa a través de prestadores de servicios de manejo de crisis como algunos destacados periodistas y sociologos.

Este fenómeno de «conversos», personajes que abandonaron sus posturas originales para adaptarse a las exigencias del poder, se refleja en la hiperrealidad que se construye mediáticamente.

Escándalos fabricados o amplificados sirven para desviar la atención de las investigaciones sobre blanqueo de activos y financiamiento ilegal de la política, que involucran a figuras de alto perfil como los hermanos Hermosilla y Andrés Chadwick, un influyente exministro que podría estar liderando esta red de corrupción y financiamiento ilegal de la política.

Plan de Seguridad Segundo gobierno de Piñera , Ministro del Interior Andrés Chadwick

Este escenario ha generado una sensación de «hiperrealidad», un ambiente en el que las prácticas propias de regímenes autoritarios vuelven a emerger en el Chile actual.

Lo más preocupante es la similitud de estas acciones con las tácticas de espionaje y control utilizadas por la CNI (Central Nacional de Informaciones) y otros órganos de inteligencia durante la dictadura de Pinochet, que posteriormente continuaron en los primeros años de la transición democrática con estructuras como «La Oficina».

Estas entidades se encargaron de neutralizar a los opositores al régimen militar a través de seguimientos, operaciones clandestinas y eliminación física de disidentes, ya en los gobiernos de la Concertación.

El uso de estas prácticas en un contexto democrático plantea serias dudas sobre el grado de penetración que todavía tienen estas redes en las estructuras de poder chilenas.

La intervención de teléfonos y la vigilancia a figuras clave del Ministerio Público sugiere que las investigaciones actuales podrían estar tocando intereses muy poderosos, lo que ha desatado esta campaña de intimidación.

Chile enfrenta un momento crucial en su historia reciente. La independencia del Ministerio Público y la seguridad de los fiscales son esenciales para garantizar que la justicia siga su curso y que las investigaciones sobre corrupción y abusos de poder lleguen a buen término.

La ciudadanía observa con preocupación, ya que el deterioro de la confianza en las instituciones podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad y la democracia en el país.