¿Cómo terminó una misión humanitaria con sus integrantes desaparecidos en Libia?
Durante varios días, diez activistas en misión humanitaria ciudadanos de ocho países permanecieron fuera del alcance de sus familias, de sus organizaciones y de la opinión pública internacional. Su único objetivo era integrar una misión civil de solidaridad con Gaza. Sin embargo, el recorrido del convoy Global Sumud Maghreb terminó convirtiéndose en un episodio que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental, ningún acto de solidaridad humanitaria debería desembocar en la incertidumbre sobre el paradero de quienes lo protagonizan.
NOTA: Andrés Silva, Diario la Humanidad
Montevideo, Uruguay
Misión humanitaria conformada por activistas de Argentina, Uruguay, España, Italia, Portugal, Polonia, Estados Unidos y Túnez, viajaba en el marco de una iniciativa internacional destinada a expresar apoyo al pueblo palestino y transportar ayuda humanitaria de emergencia, entre ella ambulancias y viviendas móviles.
Los integrantes eran María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone y Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos).
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Un desvío que terminó en una detención arbitraria
Según la reconstrucción realizada para este reportaje, una delegación del convoy se dirigió desde Sirte hacia el este de Libia con el propósito de mantener conversaciones con las autoridades que ejercen el control sobre esa región del país.
Lo que debía ser una instancia de diálogo terminó con la detención arbitraria de los diez integrantes del grupo por fuerzas dependientes de las autoridades del este libio.
A partir de ese momento comenzó una etapa de incertidumbre.
Durante varios días no existió información pública sobre el lugar donde permanecían retenidos. Ni familiares, ni organizaciones vinculadas al convoy, ni representantes de distintas redes internacionales lograban obtener respuestas precisas acerca de su situación.
La falta de información generó una fuerte preocupación en organizaciones humanitarias y de derechos humanos, algunas de las cuales calificaron la detención como arbitraria y denunciaron que los activistas se encontraban en una situación compatible con una desaparición forzada, al desconocerse oficialmente el lugar donde permanecían privados de libertad y no existir información pública sobre su estado.
La principal preocupación era sencilla y al mismo tiempo alarmante: ¿dónde estaban?
El silencio oficial
Mientras aumentaba la presión internacional, las autoridades del este de Libia mantuvieron un hermetismo casi absoluto respecto de la ubicación de los detenidos.
Durante esos días circularon múltiples versiones, pero ninguna podía ser confirmada oficialmente. La ausencia de información incrementó la preocupación entre organizaciones solidarias y defensores de los derechos humanos que seguían el caso desde distintos países.
El desconocimiento del lugar de detención se transformó en el aspecto más delicado de toda la crisis.
En conflictos y contextos de alta inestabilidad política, la transparencia sobre el lugar donde permanecen personas privadas de libertad constituye una garantía básica para evitar abusos y proteger sus derechos fundamentales.
Gestiones discretas para destrabar la crisis
Mientras públicamente predominaba el silencio, comenzaron intensas gestiones diplomáticas y contactos entre distintos actores no políticos para buscar una solución.
Por razones de confidencialidad y protección de las personas involucradas, este medio ha decidido no revelar las características de algunas de esas acciones.
Sin embargo, información obtenida a través de una fuente con comunicación directa con el ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno establecido en Bengasi permitió confirmar que el canciller Abdul Hadi Al-Huweej desempeñaba un papel relevante para facilitar una salida institucional al caso y promover la liberación del grupo.
Diversas conversaciones mantenidas durante esos días permitieron destrabar una situación que, con el correr de las horas, comenzaba a adquirir una creciente dimensión internacional debido a la cantidad de países cuyos ciudadanos permanecían detenidos.
El comunicado oficial
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Gobierno establecido en Bengasi hizo público un comunicado en el que informó que daba cumplimiento a una decisión emitida por la Fiscalía bajo jurisdicción del Tribunal de Apelaciones de Bengasi.
El documento confirmó que se iniciaban los procedimientos legales y administrativos para expulsar del territorio libio a los integrantes del denominado convoy «Sumud 2», argumentando razones vinculadas a la aplicación de la legislación nacional, la preservación del orden público y la seguridad del Estado.
Con ese anuncio terminó oficialmente un episodio que durante varios días estuvo rodeado por la incertidumbre respecto al destino de los diez activistas.
Más allá de las diferencias políticas
Las distintas posiciones sobre la agresión a Palestina por parte de del estado genocida israelí no deberían impedir una reflexión básica desde la perspectiva de los derechos humanos.
Cuando ciudadanos de distintos países participan en una misión civil de carácter humanitario, las autoridades tienen la obligación de garantizar que sus familiares, representantes consulares y organizaciones competentes conozcan su situación jurídica y el lugar donde permanecen detenidos.
La transparencia no constituye una concesión política; es una garantía esencial del Estado de derecho.
Resulta legítimo que un Estado haga cumplir su legislación migratoria o adopte decisiones relacionadas con su seguridad. Pero también lo es exigir que esas medidas se desarrollen con pleno respeto de las garantías fundamentales y sin períodos de incertidumbre sobre el paradero de las personas involucradas.
El caso de los diez integrantes del convoy Global Sumud Maghreb deja una enseñanza que trasciende el episodio puntual.
La solidaridad internacional nunca debería convertirse en una experiencia marcada por el miedo, la incomunicación y la incertidumbre.
Porque, independientemente de las fronteras, de las diferencias políticas o de los conflictos que atraviesan una región, ninguna persona que participe en una misión humanitaria debería desaparecer durante días sin que el mundo sepa dónde está.
Finalmente los miembros del convoy Global Sumud fueron liberados y expulsados de territorio Libio y actualmente se encuentran junto a sus familiares y compañeros.
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