¿De qué se le acusa a Jadue?
Pequeño resumen de la historia de las acusaciones contra el Alcalde Jadue
Lo primero que hay que aclarar es que esta querella no tiene relación alguna con su gestión en la Municipalidad sino con su rol como representante legal del directorio de ACHIFARP ( Asociación de farmacias populares).
NOTA: Eugenio Matte H.
También que no se le imputa un solo peso robado, sino que se le acusa de una donación de insumos médicos ( ese vendría siendo el cohecho)
Hace 9 años surge la primera farmacia popular en Recoleta, como manera de contrarrestar los precios exorbitantes en los medicamentos y productos que se venden en la colusión de las farmacias privadas de cadena. Posteriormente, se suman proyectos igualmente exitosos como las ópticas, librerías y otras iniciativas que lograron garantizar el acceso a salud y cultura a gran parte de la población que no podía pagarlos.
Estas iniciativas fueron de un éxito enorme y se replicaron en cientos de municipios del país. En este contexto, ACHIFARP surge para lograr que las Municipalidades pudieran importar ayudas técnicas, negociar en bloque con los laboratorios el precio de los medicamentos y así bajar aún más los precios, sin depender exclusivamente de CENABAST.
El 2020 llega la pandemia y varias municipalidades dejan de pagar sus cuotas, lo que deteriora económicamente a ACHIFARP y le impide pagar algunos insumos adquiridos, lo que generó demandas civiles contra el directorio encabezado por Daniel Jadue.
Hasta aquí, esto se trataba como es habitual en cualquier diferendo comercial. Sin embargo, el año 2021 , durante las primarias donde DJ era precandidato, sucede algo totalmente fuera de lo normal. Sin previo aviso, uno de los empresarios adeudados decide «autodenunciarse» acusando a DJ de haberle pedido una donación de mascarillas.
En su primera declaración dice que fue a entregarlas a la Municipalidad ( donde hubiera quedado grabado), posteriormente cambia su declaración, señalado que se equivocó y se las entregó en la sede del partido comunista.
Cabe mencionar que este sujeto, César Ramírez, tiene una condena previa por tráfico aduanero y otra por declaraciones injuriosas (esa vez también se auto declaró culpable y le pidió plata a su supuesto cómplice, lo que no consiguió). Luego de esta «autodenuncia» el proceso adquiere un carácter penal, al que los denunciantes le empiezan a «agregar» antecedentes como «ocultamiento de bienes» y otros, los que considerando las múltiples modificaciones y el nutrido prontuario penal de los acusadores, lo más probable es que ni remotamente hayan ocurrido ni tengan pruebas de nada.
Dada la asimetría de trato en que la fiscalía y la prensa no formalizan a políticos de derecha aunque les pillen billetes en el colchón y aceleran a fondo cualquier cosa que incrimine a DJ, no me sorprende que esto tenga todas las características de un lawfare de manual, similar al que le tocó a Lula.
De manual. Jadue creo que saldrá declarado inocente, pero igual el objetivo de inhabilitarlo como candidato y tirar un volador de luces sobre el caso de Hermosilla está logrado. En este país mandan los poderes fácticos hace rato, y la teoría del lawfare está lejos de ser autoría de Jadue, como lo declaró Inés Horvitz cuando renunció al CDE denunciando la incapacidad de Letelier para no ser manejado por ellos » el CDE está cooptado por los poderes fácticos influidos por el poder, la cuna y el dinero » (fue parte del CDE y 30 años y se retiró por esa crítica que le hace a Letelier).
Me sorprende mucho que Matamala no se refiera al nutrido prontuario criminal del demandante, al hecho de que a diferencia de otros casos DJ abrió sus cuentas bancarias desde el inicio y al evidente diferencia de trato que esto tiene con los procesos contra alcalde de derecha. Recuerdo cuando dio por delincuente a Lula, después se desestimó el juicio en su contra y a la fecha no rectifica.
En concreto, los dos testigos son Oscar Doussang (con antecedentes de vender permisos de circulación falsos) y César Ramírez (condenado por contrabando aduanero a Canadá y declaraciones falsas en el 2017). Del prontuario de los querellantes ni hablar, porque sería interminable.
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