El vino envenenado que conmocionó a Uruguay durante la dictadura
A 46 años del crimen del envenenamiento de Cecilia Fontana, la justicia uruguaya avanza mientras persisten las dudas sobre el rol de la CIA, la inteligencia militar y la filtración de escuchas en plena democracia.
Nota: Nicolás Centurión – Periodista investigador
Montevideo – Uruguay
El 29 de agosto de 1978, el régimen cívico-militar uruguayo envió un mensaje terrorífico a través de tres botellas de vino envenenado con Fosdrín. Si bien los dirigentes del Partido Nacional esquivaron el ataque, María Cecilia Fontana de Heber perdió la vida al probar el tóxico. Décadas después, el comisario retirado Ricardo Zavala fue procesado por el crimen, pero la sombra de la CIA, los archivos secretos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el reciente escándalo por la filtración de escuchas en «El Guardián» mantienen abiertas las heridas de una democracia aún tutelada por los fantasmas del pasado.
29 de agosto de 1978, Montevideo. Tres casas, tres botellas de vino, una tarjeta que prometía brindar por la patria en su nueva etapa. Tres dirigentes del Partido Nacional iban a recibir un regalo mortal esa noche fría de invierno: Luis Alberto Lacalle Herrera (el futuro presidente), Carlos Julio Pereira (histórico dirigente blanco) y Mario Heber (padre del exministro del Interior).
Pero hubo una cuarta persona que sí probó el vino: María Cecilia Fontana de Heber, esposa de Mario y madre de Luis Alberto Heber Ministro del Interior del gobierno de Lacalle Pou . Ella murió envenenada.
Cuarenta y seis años después, el caso sigue abierto y las preguntas no han dejado de acumularse. El 29 de agosto de 1978, el veneno llegó en botellas de vino blanco, cada una acompañada de una tarjeta manuscrita que decía: «El jueves 31 brindaremos por la patria en su nueva etapa. MDN». ¿Quién era MDN? ¿Qué significaba esa sigla? Nunca se supo con certeza.
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Los tres dirigentes nacionalistas no probaron el vino, pero Cecilia Fontana, de 49 años y madre de cinco hijos, sí lo hizo. El vino contenía una fuerte concentración de Fosdrín, un pesticida letal. Murió casi al instante.
Estamos en plena dictadura cívico-militar. La oposición política era perseguida y el mensaje de las botellas era claro: el régimen podía llegar a cualquiera, incluso a las familias de los líderes opositores de uno de los partidos de la oligarquía uruguaya. La investigación quedó en manos de quienes menos debían conducirla. El ministro del Interior de la dictadura, Carlos Manini Ríos (tío del actual cabildante Guido Manini Ríos), supervisó el caso. Los encargados de investigar fueron Víctor Castiglioni (director de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia) y Hugo Campos Hermida (jefe de la brigada de narcóticos). Ambos eran represores y estaban implicados en la maquinaria de terror del Estado.
Hugo Campos Hermida había sido entrenado por la Oficina de Seguridad Pública de Estados Unidos, vinculada a la CIA, cuyo director en Uruguay fue el infame Dan Mitrione (agente del FBI que trabajaba para la CIA). Los agentes uruguayos de inteligencia, incluyendo a Campos Hermida, recibieron becas de la OPS para especializarse en investigación de actividades terroristas y técnicas de interrogación.
No investigaban, ocultaban.
Con el retorno de la democracia en 1985, el Senado creó una comisión investigadora para esclarecer el crimen. Comparecieron los mismos represores que habían conducido la investigación en dictadura. Castiglioni y Campos Hermida declararon, pero no hubo conclusiones que asignaran responsabilidades materiales ni políticas.
El 26 de agosto de 1986, la comisión presentó su informe al pleno del Senado, sin culpables y sin responsables. El caso quedó archivado, pero las preguntas seguían ahí.
En 2006, la causa judicial fue reabierta y entonces aparecieron nombres que habían estado ocultos durante décadas. En 2008, el diario La República publicó una bomba informativa: un delincuente uruguayo preso en Brasil, Mario Ronald Barreiro Neira (alias «Teniente Tamus»), se confesó como exagente secreto del régimen. Según su testimonio, un médico uruguayo llamado Carlos Mils preparó el veneno. Mils operaba bajo el alias de «Capitán Adonis» y habría estado vinculado a los servicios de inteligencia de la dictadura, que coordinaba con todas las agencias de espionaje, pero no pertenecía formalmente a ninguna: un grupo de tareas operando en las sombras sin cadena de mando visible.
El abogado de la familia Heber, Javier Barrios Bobe, solicitó documentos a la CIA.
La respuesta fue escalofriante:
«En respuesta a su solicitud, hemos realizado una exhaustiva búsqueda de registros y hemos ubicado material que entendemos que debe ser considerado como secreto y por lo tanto denegamos la liberación del mismo».
La respuesta fue firmada por Scott Kosh, coordinador de información y privacidad de la agencia en 2007.
La CIA sabe qué pasó, pero no lo dirá.
Exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia aseguran al diario la República que el homicidio fue alentado por la embajada de Estados Unidos, que sugirió a sus agentes «neutralizar» el operativo político. Según la misma fuente, el mensaje fue interpretado como una orden de ejecución. Desde la embajada habían dicho que se debía neutralizar a la dirigencia blanca y se entendió que había que matarlos. Campos Hermida era uno de los policías más implicados con agentes de la CIA; recibían sobres con dinero mensualmente.
Uno de los testigos lo describió como «el combo con la sorpresita de McDonald’s».
En 2010, una pericia de la Policía Técnica a cargo del director Roberto de los Santos confirmó que las tarjetas fueron escritas por María Lemos, una funcionaria policial que en dictadura revistó en la Dirección Nacional de Inteligencia. Las huellas dactilares de Ricardo Zavala fueron halladas en una de las botellas. Zavala era comisario. Su huella estaba en la botella que llevaba el veneno. Nunca fue indagado en 1978. Recién en 2012 fue procesado por otro crimen (el asesinato del maestro Julio Castro), pero un tribunal lo absolvió.
El 18 de octubre de 2024, la justicia uruguaya procesó con prisión a Ricardo Zavala, de 74 años, como coautor del homicidio de Cecilia Fontana de Heber. La jueza Silvia Urioste dictó el procesamiento. Fernando Heber, hijo de Cecilia, escribió: «A mis viejos, más de 40 años después logramos darle un poco de paz con verdad y justicia».
Año 2023.
El Ministerio del Interior está convulsionado (caso Astesiano, caso Marset, caso Penadés, fuga de narcos, violencia en los barrios, homicidios en aumento).
El viernes 13 de octubre de 2023, dos oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia ingresaron irregularmente al sistema de interceptación de comunicaciones «El Guardián» y copiaron escuchas de la investigación sobre el asesinato de Cecilia Fontana.
Uno de los oficiales era hijo de Silcar Lara Borges, exjefe de la División Nacional de Inteligencia en la dictadura y señalado como responsable de operativos represivos, incluyendo torturas a 26 presas políticas y el asesinato de ocho militantes del Partido Comunista en 1972. El propio Lara Borges fue investigado por violaciones a los derechos humanos. Su hijo hoy copia información de la causa.
El propio Luis Alberto Heber, exministro del Interior, dijo en el caso Astesiano que «El Guardián era inviolable». Pero parece que no tanto. Sus palabras volvieron como un boomerang. El militar retirado Bardo Ferro, condenado por la desaparición forzada de Óscar Tasino en 1977, declaró como testigo. Aparece mencionado un documento sobre el envenenamiento que estaba en poder del represor José Nino Gavazzo, fallecido en 2021.
El 20 de octubre de 2023 declararon Jorge «Pajarito» Silveira, Ricardo Medina, Mario Frachele, Gregorio Álvarez Nieto y los policías José Sandre Lima y Enrique Navas. El 30 de octubre fue el turno de Ricardo Zavala.
Cuarenta y seis años después hay un procesado. Zavala está en prisión domiciliaria con tobillera electrónica a la espera de una evaluación médica. Pero el fiscal Ricardo Perciavalle sostiene que aún quedan responsables vivos. La indagatoria debe continuar.
La sensación que siempre queda en el aire es que vivimos en una democracia tutelada, que la inteligencia policial y militar tienen un estado paralelo donde operan a su antojo, incluso después de la dictadura.
Los asesinos de María Cecilia Fontana no han sido todos condenados. La CIA guarda secretos, los archivos de la dictadura siguen cerrados y la Dirección Nacional de Inteligencia sigue operando en el mismo edificio donde se torturaba.
Pueden surgir muchas preguntas de esta historia, pero la que más resuena es:
¿cuál es la nueva etapa de la patria que querían (o quieren) los asesinos de los vinos?
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Nota: Nicolas Centurión – Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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Fuente e Imagen: PeriferiaUy – montevideo.com.uy – lr21.com.uy –
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