Sebastián Piñera y cuantos más

Culpar al Muerto, La Estrategia de Chadwick, Generales de Carabineros y PDI para Evitar la Justicia

En medio de las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 en Chile, ha surgido una preocupante estrategia por parte de altos funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera, incluyendo el exministro del Interior Andrés Chadwick y diversos altos mandos de las fuerzas de seguridad, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones (PDI), filtrado por un funcionario del INDH.

NOTA: Alfonso Ossandón, Diario la Humanidad

(Milano – Italia)

La táctica consiste en trasladar toda la responsabilidad de los abusos al fallecido Sebastián Piñera, expresidente de la época, como una forma de evadir consecuencias judiciales. Esta maniobra busca culpar a “quien ya no puede defenderse”, con el objetivo de que los responsables directos eludan la cárcel.

Durante el estallido, se documentaron graves violaciones a los derechos humanos, coordinadas desde el Ministerio del Interior, bajo la supervisión de Chadwick, y ejecutadas por Carabineros de Chile, dirigidos en ese momento por el general director Mario Rozas, quien tuvo un papel clave en la represión de las protestas. Rozas renunció en noviembre de 2020 tras la presión pública por los excesos cometidos por la policía. Su sucesor, el actual general director Ricardo Yáñez, próximo a ser formalizado, también ha sido mencionado en las investigaciones por la continuidad de políticas represivas durante su mandato.

Otros generales de Carabineros involucrados en la gestión represiva durante el estallido social incluyen a:

General Enrique Bassaletti, jefe de la zona este de Santiago, quien coordinó directamente las operaciones policiales en puntos críticos de las protestas.

General Mauricio Rodríguez, jefe de la zona metropolitana oeste, cuya jurisdicción abarcaba zonas de alta conflictividad durante las manifestaciones.

General Jorge Ávila, a cargo de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), bajo cuyas órdenes se realizaron operativos encubiertos y seguimiento a líderes de las protestas.

Además de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) también jugó un rol importante durante el estallido. En este contexto, el Caso Audios-Hermosilla ha revelado vínculos entre el abogado Luis Hermosilla y altos funcionarios de la PDI. En las grabaciones filtradas, se menciona a Héctor Espinosa, exdirector general de la PDI, actualmente investigado por malversación de fondos y vínculos con redes de corrupción. Espinosa y otros funcionarios de la PDI habrían participado en operaciones de inteligencia para reprimir y desestabilizar las protestas, en coordinación con el Ministerio del Interior y Carabineros.

La Universidad San Sebastián (USS) también ha sido señalada como un centro de coordinación de operaciones encubiertas durante el estallido. Informes sugieren que en dicha institución se llevaron a cabo reuniones entre actores estatales, como Chadwick, Yáñez, y Espinosa, junto a grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, con el fin de justificar la represión violenta. Estas operaciones habrían sido clave para sembrar el caos y criminalizar a los manifestantes, elevando la gravedad de las responsabilidades que ahora buscan desviar hacia Piñera.

La estrategia de culpar al fallecido expresidente no solo distorsiona la verdad, sino que también amenaza con dejar impunes a quienes, desde sus cargos de poder, participaron activamente en la represión.

Dejamos un recuerdo de la cobertura de un reportaje de la RED , destacado por BTV Internacional

Matar el legado de Piñera” se presenta como una táctica conveniente para que Chadwick, Rozas, Yáñez, Bassaletti, Espinosa y otros altos mandos puedan evitar la cárcel. Si logran imponer esta narrativa, existe la posibilidad de que todos ellos eviten consecuencias judiciales, utilizando la figura de Piñera como chivo expiatorio.

Es crucial que las investigaciones continúen de manera imparcial y que los responsables, vivos o fallecidos, sean adecuadamente juzgados.

Las víctimas del estallido social merecen justicia, y esta no puede lograrse si las figuras clave evaden la rendición de cuentas culpando a quienes ya no pueden responder por sus actos.

Te recomendamos leer: