Italia en crisis: estallido social y represión del gobierno de Meloni

Camioneros, agricultores, pescadores y jóvenes salen a las calles contra el alto costo de la vida. La crisis del combustible expone las contradicciones sociales, la austeridad económica y la creciente tensión política en Italia.

Diario La Humanidad 

Italia atraviesa una profunda crisis social marcada por las protestas contra el aumento del precio del diésel, el encarecimiento de los alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los bloqueos de carreteras, las movilizaciones de camioneros y agricultores y los disturbios en varias ciudades han puesto al gobierno de Giorgia Meloni bajo presión. Detrás del conflicto emerge una disputa que va más allá del combustible: el impacto de la crisis energética, las desigualdades económicas, las medidas de seguridad y el futuro de las clases trabajadoras en Europa.

Las protestas por el diésel en Italia revelan contradicciones de clase: la pequeña burguesía productiva aplastada por los costes, el subproletariado metropolitano estallando de rabia.

El gasóleo como indicador de la lucha de clases.

En las últimas tres semanas, Italia ha dejado al descubierto —de golpe y sin filtros— su realidad social fundamental. Por un lado, están los camioneros, los agricultores, los pescadores, los siderúrgicos y una multitud de jóvenes que ni siquiera saben cómo expresar su ira. Por otro, un aparato institucional que, en lugar de preguntarse por qué la gente común del país ha salido a las calles, convoca reuniones de alto nivel sobre orden público y prepara otro decreto. Cualquiera que conozca los principios del materialismo histórico sabe que situaciones como estas no deben interpretarse a través del prisma de la información sobre delincuencia. Deben verse como momentos en que las contradicciones de clase —reprimidas durante años bajo la superficie de un consenso controlado— se hacen visibles a simple vista.

Este artículo no pretende ser una crónica de los enfrentamientos, que ya han sido ampliamente cubiertos. Su objetivo es, en cambio, exponer los hechos y analizar qué revelan sobre la naturaleza del Estado italiano en este momento, sobre la composición social de los manifestantes y sobre la incapacidad estructural del bloque gobernante para ofrecer una respuesta que no sea represiva.

Todo comienza, como suele suceder, con una partida presupuestaria . El Decreto Ley n.º 162, de 17 de septiembre de 2026, preveía una reducción temporal del impuesto especial sobre el gasóleo hasta el 5 de octubre; una vez transcurrido ese plazo, el gobierno no la prorrogó. El precio medio ha vuelto a situarse en torno a los  2,50 euros por litro. Para un pequeño camionero calabrés que posee un solo camión y trabaja como subcontratista para grandes minoristas, esa cifra determina si el mes termina con superávit o con déficit.

Las primeras protestas espontáneas estallaron en Calabria a principios de octubre. Luego llegaron Apulia, a partir del 11 de octubre, seguida de Basilicata, Sicilia, Campania, Molise y, finalmente, Lacio, con piquetes en los puertos y bloqueos en las principales vías . A los camioneros se unieron los agricultores y, posteriormente, las comunidades pesqueras. Frente a la lonja de Termoli, apareció una pancarta con un esqueleto y el lema «Nos habéis dejado en la ruina»; en San Benedetto del Tronto, los barcos pesqueros permanecieron en puerto. En los supermercados de Abruzzo, Molise, Apulia, Campania y Calabria, los estantes se vaciaron y la gente se apresuró a abastecerse como no lo había hecho desde la pandemia de COVID-19.

Detengámonos un momento a considerar quiénes son estas personas, porque la sociología de la protesta importa más que las consignas. No nos referimos al proletariado industrial clásico, el que se concentraba en las grandes ciudades fordistas. Nos referimos a una pequeña burguesía productiva en proceso de proletarización: el pequeño empresario, el agricultor independiente, el pescador con su propio barco. Marx describió con precisión —en el capítulo 1 del Manifiesto— el destino de estos estratos intermedios, aplastados entre el gran capital, que los absorbe, y la condición de asalariado en la que finalmente caen. El camionero que bloquea la autopista hoy es formalmente un empresario. En esencia, su negocio es un salario encubierto: el cliente dicta sus tarifas, los costos de la energía determinan sus gastos, el Estado recauda el impuesto especial y él asume el riesgo. Es autónomo solo en el sentido de que nadie le garantiza nada.

En este sentido, el diésel es más que un simple combustible. Es el punto donde la renta petrolera mundial —ahora descontrolada debido a la crisis del Ormuz— se traslada a lo largo de la cadena logística hasta recaer sobre quienes se encuentran al final del proceso. El capital financiero que especula con futuros, las grandes cadenas minoristas que se niegan a renegociar los contratos de transporte y el Estado que recauda impuestos especiales: tres formas de apropiación de valor producido por otros, que convergen en un mismo cuerpo social.

El segundo frente: el subproletariado metropolitano

El 17 de octubre, la protesta cambió de naturaleza y geografía . Un hashtag que apareció de la nada en las redes sociales, «Italia in piazza», convocó a manifestaciones contra el alto costo de la vida, los precios de la gasolina y la carga impositiva. En Milán, la Piazza Duomo se convirtió en un campo de batalla; en Turín, una librería Feltrinelli fue saqueada; en Bolonia, estallaron enfrentamientos frente a la estación de tren con cañones de agua y gases lacrimógenos; al día siguiente , solo en Milán, 271 personas fueron llevadas a la comisaría, y hasta 220 eran menores de edad; entre los detenidos había niños de 12 años, la mayoría de ellos italianos de segunda generación .

El mismo día, en Roma , la marcha nacional de la CGIL y otras dos manifestaciones contra el alto costo de la vida congregaron a unas 25.000 personas en las calles sin incidentes. Este contraste debe tenerse en cuenta, ya que desmiente el mito favorito del gobierno sobre una única protesta violenta. Existen al menos dos movimientos distintos: uno organizado, con raíces sindicales y reivindicaciones específicas, y otro desorganizado, muy joven, urbano y sin liderazgo político.

El segundo movimiento es el más interesante desde un punto de vista teórico y el más peligroso desde el político. Marx tenía un término para las masas desarraigadas, carentes de conciencia de clase, que, en tiempos de crisis, pueden ser movilizadas por cualquiera que les ofrezca un papel: lumpenproletariado . Usar esa palabra hoy no significa insultar a esos jóvenes. Significa reconocer su posición objetiva: hijos de los suburbios de Milán y Turín, a menudo de familias inmigrantes, excluidos del mercado laboral incluso antes de entrar en él, criados en un mundo de consumo ostentoso que nunca está a su alcance. Es una disonancia cognitiva entre la imaginación y la realidad, y el riesgo de que esta violencia sea cooptada con fines reaccionarios, como sucedió con las masas de desempleados y veteranos de guerra en las décadas de 1920 y 1930.

La lección del 18 de Brumario también se aplica a la inversa. La clase baja carece de un programa propio, y precisamente por eso puede convertirse en materia prima para cualquier proyecto: el de quienes quieren incendiarlo todo, pero también el de quienes necesitan un enemigo interno para justificar las medidas de austeridad. No es casualidad que el gobierno haya optado por hablar casi exclusivamente de ellos, y casi nunca de los camioneros de Gioia Tauro o de los trabajadores de la antigua fábrica de Ilva que, en esas mismas semanas, se declararon en huelga en Taranto y Génova para averiguar si aún tendrían una fábrica.

El estado como comité empresarial

El Manifiesto define el poder estatal moderno como el comité que administra los asuntos comunes de la clase burguesa. Esta formulación ha sido a menudo descartada por ser demasiado simplista. Las últimas dos semanas ofrecen una ilustración casi didáctica de la misma.

El 18 de octubre, tras los enfrentamientos, el Primer Ministro convocó una cumbre sobre orden público para evaluar nuevas medidas contra quienes explotan las manifestaciones legítimas. La cumbre del 19 de octubre culminó con la aprobación de un decreto ley que anticipa medidas del proyecto de ley de seguridad estancado en el Senado: detención preventiva para actos de vandalismo en grupo, penas más severas para los bloqueos de carreteras y el fortalecimiento de la iniciativa «Strade Sicure» en Milán con un mayor despliegue militar. La Liga también ha solicitado la inclusión de la detención preventiva para menores. Esto supondría el octavo paquete de medidas de seguridad en cuatro años.

Consideremos la secuencia de eventos. Un gobierno que no pudo encontrar los recursos para extender el descuento del impuesto especial logró, en cuarenta y ocho horas, encontrar los recursos para enviar al ejército a las calles de Milán. Una administración que, desde marzo, ha estado emitiendo decretos sobre combustible con plazos de dos o tres semanas —renovados solo cuando la industria amenaza con una huelga— está, en cambio, promulgando legislación de emergencia y permanente sobre represión. Incluso el crédito fiscal de 300 millones para la industria del transporte por carretera, aprobado en mayo , aún carecía de un decreto de implementación a finales de junio, hasta el punto de que las asociaciones industriales exigían su publicación. El apoyo social llega tarde, justo a tiempo y a cuentagotas; la legislación penal llega de inmediato y está diseñada para perdurar.

Esto no se debe a la malicia de ministros individuales, y quienes piensan en términos de clase no tienen por qué demonizar a nadie. Se debe al papel que desempeña el Estado en una formación social occidental periférica, atrapada entre las restricciones presupuestarias europeas y los compromisos de rearme atlántico. Tenemos un gasto militar que se acercará a los 45 mil millones en 2026 y medidas de austeridad que suman aproximadamente 23 mil millones. Atrapado en esta situación, el Estado no puede redistribuir la riqueza sin romper con sus garantes externos, por lo que hace lo único que le queda: gestionar el conflicto como una cuestión de orden público. Engels escribió esto en El origen de la familia : el Estado surge donde los antagonismos de clase se vuelven irreconciliables, como un poder que pretende estar por encima de la sociedad y que se distancia cada vez más de ella.

La farsa de las contradicciones

Si bien el fondo de la respuesta institucional es coherente, su superficie es un cúmulo de absurdidades. Vale la pena enumerarlas, porque es ahí donde la crisis de hegemonía se hace más evidente.

La primera cuestión se refiere al diagnóstico. El ministro de Justicia, Nordio, habló de una probable infiltración criminal en los bloqueos de camioneros. El ministro del Interior, Piantedosi, al ser preguntado sobre los jóvenes en Milán, admitió que aún no había pruebas de que estuvieran siendo manipulados. Dos ministros del mismo gobierno: uno ve crimen organizado detrás de los camiones, el otro no encuentra ninguna orquestación detrás de los saqueos. Cada uno elige la interpretación que le sirve para deslegitimar a la multitud que tienen delante, y ninguno pregunta cuánto cuesta llenar el depósito de gasolina.

El segundo problema radica en eludir responsabilidades. El alcalde de Milán, Sala, se quejó de la escasa presencia policial en las calles; Piantedosi respondió acusándolo de ser representante de una izquierda radical, incapaz de condenar a los manifestantes violentos sin excepción. Un grupo de alcaldes observó, con una claridad involuntaria, que culparse unos a otros no hará bajar el precio de la gasolina. Es un reflejo perfecto de una clase política en la que la mayoría y la oposición discuten sobre el número de policías necesarios, sin que ninguna de las partes cuestione el sistema que alimenta la ira.

El tercer problema concierne al lenguaje. Meloni escribió que protestar contra el alto costo de la vida es un derecho civil, mientras que enviar a un policía al hospital es obra de vándalos. Tajani calificó de inaceptable que la oposición avivara las llamas. El 22 de octubre, el propio Tajani celebró el levantamiento de las huelgas por parte de las principales organizaciones de transporte, explicando que las huelgas no reducen los precios del diésel y solo perjudican a los ciudadanos y a las empresas. El derecho a la protesta se reconoce así en abstracto, pero se niega en cualquier forma concreta que pueda producir resultados. Se puede protestar, siempre y cuando la protesta no moleste a nadie; pero una protesta que no molesta a nadie es una protesta que nadie escucha. Es la vieja paradoja de la democracia formal que la crítica marxista siempre ha denunciado: igualdad de libertades en el papel, desigualdad de poder en la realidad.

La cuarta contradicción es la más grave. El gobierno invoca el estado de derecho mientras elabora reglamentos —como la detención preventiva de menores de 12 años— que incluso sus propios analistas consideran potencialmente inconstitucionales. El Estado que exige que los jóvenes de los suburbios respeten las normas es el mismo que, para defenderse de ellas, está dispuesto a violar las suyas.

La crisis es sistémica

Gramsci, en sus Quaderni , ofreció la definición de crisis más citada: lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y durante este interregno se producen los fenómenos patológicos más diversos (se invita a los lectores a consultar Quaderni , Q. 3, 34). Es difícil encontrar una imagen más precisa de Italia en octubre de 2026. El antiguo contrato social, basado en el ahorro familiar, las pequeñas empresas y el bienestar centrado en la familia, ya no se sostiene. No existe un nuevo bloque histórico. En medio se encuentran los fenómenos patológicos: pandillas juveniles filmándose mientras saquean una joyería, ministros acusándose unos a otros y una avalancha de decretos.

Lenin, en el segundo capítulo de El fracaso de la Segunda Internacional , allá por 1915, añadió que una crisis se vuelve revolucionaria cuando los más desfavorecidos ya no quieren vivir como antes y los que están en el poder ya no pueden gobernar como antes. La primera condición empieza a manifestarse en Italia. La segunda es evidente en la parálisis de un poder ejecutivo que oscila entre prórrogas de última hora y medidas punitivas. Falta el tercer elemento —el decisivo—: una fuerza política capaz de transformar el descontento en un programa. Los partidos de masas se han reducido a grupos de opinión y feudos personales; la izquierda parlamentaria exige más policías en Milán; los sindicatos confederales han convocado una huelga general para el 20 de noviembre —cinco semanas después de los enfrentamientos— y tienden a acatar dócilmente los dictados del gobierno solo para mantener intactos sus privilegios ya consolidados. Mientras tanto, en Milán ha surgido un «Movimiento 17 de Octubre» que anuncia manifestaciones todos los sábados hasta la caída del gobierno. Sin raíces, sin organización, sin teoría, es improbable que llegue muy lejos. Pero su mera aparición demuestra la inmensidad del vacío que ha dejado atrás.

Aquí reside el quid de la cuestión. He argumentado en otras ocasiones que la lucha actual no es horizontal —entre la derecha y la izquierda— sino vertical, entre el pueblo y las élites, y que quienes reducen el conflicto a un plano horizontal lo hacen porque no quieren que la gente entienda dónde radica el problema. Los sucesos de octubre lo confirman. El gobierno ha hecho todo lo posible por transformar un conflicto vertical —sobre el coste de la vida y la distribución de la renta— en uno horizontal: italianos contra inmigrantes de segunda generación, ciudadanos respetuosos de la ley contra vándalos, el Norte productivo contra el Sur que bloquea las carreteras. El lema que apareció en los bloqueos, «El Sur también es Italia», es la respuesta más simple a esta maniobra.

Un análisis de clases que se limite a las fronteras nacionales sería incompleto. El precio del diésel en Cosenza depende del estrecho de Ormuz, y este se encuentra cerrado o bloqueado debido a una guerra que Italia no decidió, pero que apoyó como parte de su alineación atlántica. Ya en marzo, el primer decreto sobre el combustible se justificó por la crisis internacional vinculada a la guerra en Irán. Desde entonces, el gobierno ha intentado contener el aumento de precios mediante descuentos temporales, al tiempo que mantiene su compromiso con los objetivos de rearme y la austeridad europea.

Se trata de la vieja tesis leninista sobre el imperialismo, actualizada a una condición de subordinación. Un país que no controla su propia política energética ni su propia política exterior termina trasladando los costos de las guerras ajenas a las clases trabajadoras. Las sanciones contra Rusia ya han disparado las facturas de los servicios públicos; la guerra del Golfo ahora está elevando los precios del combustible. La factura siempre recae en el mismo domicilio: el camionero, el pescador, la familia suburbana que ve cómo se vacía su carrito de la compra. Mientras las acciones de la industria de defensa suben, el país se paraliza.

Por eso, la crisis social de Italia no se puede resolver con otra prórroga del impuesto a los combustibles. Se puede resolver —si es que se puede— eliminando las limitaciones que imposibilitan la redistribución: la restricción presupuestaria europea en su forma actual, el objetivo de gasto militar y la alineación automática con las guerras que Italia soporta sin tener ningún interés en ellas. Paz, soberanía energética y justicia social no son tres demandas separadas. Son la misma demanda vista desde tres perspectivas distintas.

¿Quién pide clemencia y a quién?

Hay una imagen que destaca de las últimas semanas: el esqueleto en la pancarta de Termoli. No es una imagen de revuelta, sino de súplica: un pueblo que expone sus cuerpos demacrados y pide ser visto. Las instituciones han respondido a esta súplica con el lenguaje del código penal, con acusaciones mutuas entre ministros y alcaldes, y con un recuento de los detenidos.

Es preciso afirmarlo, pues la claridad es un deber del análisis: la devastación de una librería o el saqueo de una joyería no constituyen una lucha de clases. Son síntomas de una sociedad que ha dejado de ofrecer a sus jóvenes un sentido de pertenencia, y la izquierda, al idealizarlos, comete el mismo error que la derecha, que simplemente los criminaliza. Ambas no se plantean cómo transformar esa ira en conciencia. Pero resulta igualmente claro que un Estado capaz de responder a las necesidades únicamente mediante la fuerza ha perdido su función como organismo social y se ha reducido a un aparato para defender a quienes ostentan el poder.

La historia italiana está demasiado familiarizada con estos acontecimientos. Las grandes crisis sociales sin dirección política siempre han acabado desembocando en la derecha, con un orden impuesto desde arriba sobre las ruinas de un movimiento fragmentado. La alternativa solo existe si alguien retoma el trabajo paciente que Gramsci denominó la «construcción de la hegemonía»: organizar a camioneros y jóvenes de los suburbios, pescadores y obreros de Taranto, bajo una visión común que aborde salarios, energía, paz y soberanía. Esta no es una tarea para programas de debate ni decretos presidenciales.

Se trata de una tarea política en el sentido más antiguo del término, y la Italia institucional, por ahora, ha demostrado que ni siquiera quiere reconocerlo.

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Nota: Lorenzo María Pacini – Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica en la Universidad de los Dolomitas de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.

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Fuente e Imagen: strategic-culture.su – EFE

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