El petróleo que Estados Unidos quiere ya estaba en manos de NABEP
Antes del acuerdo anunciado por Washington, la empresa de Alejandro Betancourt NABEP (En la cual tiene acciones el PENTAGONO, actual DEPARTAMENTO DE GUERRA) ya había construido una posición dentro de la industria venezolana. Dos años después, Estados Unidos a través del PENTÁGONO, obtuvo un 35% de su estructura, derechos sobre la producción y poder de veto. Entre ambos momentos aparece un documento que todavía nadie ha mostrado completo.
Nota: Andrés Silva, Diario La Humanidad
Montevideo – Uruguay
Hay una fecha que permite empezar a contar esta historia.
17 de abril de 2024.
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Ese día, mientras el petróleo venezolano todavía estaba lejos de ocupar nuevamente el centro de la política energética de Washington, una empresa llamada North American Blue Energy Partners, NABEP, (Cada vez que mencionamos NABEP tengan presente que el pentágono es dueña del 35 % de esta empresa) comenzaba a construir en Venezuela una posición que dos años después se convertiría en una pieza central del acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos.
Ese mismo día aparecen contratos de participación productiva con PDVSA. También aparece Petrozamora.
Y aparece algo más, un documento que, hasta ahora, no hemos conseguido encontrar completo.
Los contratos hacen referencia a un “acuerdo confidencial” fechado el 17 de abril de 2024 y suscrito por PDVSA, la Corporación Venezolana del Petróleo, NABEP, Alejandro Betancourt y Harry Sargeant III.
El documento existe, la referencia contractual existe, los nombres y la fecha existen.
Lo que falta es el papel.
Dos años después, el 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció que NABEP recibiría derechos sobre 17 campos petroleros venezolanos durante 100 años, con reservas probadas estimadas en unos 65.000 millones de barriles. El mismo anuncio informó que el Gobierno de Estados Unidos recibiría una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP, derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y derecho de primera opción sobre el 80% restante. Washington también dijo que tendría poder de veto sobre el nombramiento de los miembros del directorio y que la mayoría de la junta debería estar integrada por ciudadanos estadounidenses.
La historia, sin embargo, no empieza en Washington, empieza en Caracas y para entenderla hay que volver a aquel 17 de abril.
La primera pieza
NABEP no apareció en Venezuela en agosto de 2026.
La documentación disponible permite reconstruir una expansión anterior.
El primer punto claramente identificable es Petrozamora. Después aparecen Junín Sur y Petrocedeño.
En documentos de la propia industria se registra que NABEP ya tenía contratos de participación productiva y desarrollaba actividades operativas antes de que Washington anunciara el acuerdo de agosto de 2026.
Incluso existen documentos técnicos de 2025 referidos específicamente a los contratos de participación productiva de NABEP en Petrocedeño y Junín Sur. Uno de ellos analiza pozos, macollas, mantenimiento, recuperación de producción y crecimiento de reservas. Otro documento sobre Junín Sur incluye infraestructura compartida y conexiones con instalaciones vinculadas a otros negocios de la Faja Petrolífera del Orinoco. Son documentos que circulan públicamente y que deben ser tratados con cautela hasta completar su autenticación, pero muestran algo que resulta difícil ignorar, NABEP ya estaba pensando y trabajando sobre esos activos mucho antes del anuncio de Washington.
No era todavía el acuerdo de 2026, pero tampoco era una hoja en blanco.
El mismo día apareció otra empresa
La fecha del 17 de abril de 2024 produce otra coincidencia que merece ser investigada.
Ese día, una subsidiaria de la canadiense LNG Energy Group, LNGEG Growth I Corp., firmó con PDVSA contratos de participación productiva para operar cinco campos terrestres: Nipa, Nardo, Niebla, Budare y Elotes.
La propia compañía informó que esos campos producían aproximadamente 3.000 barriles diarios y que su participación contractual se situaba entre el 50% y el 56% de la producción de hidrocarburos.
No estamos diciendo que LNG Energy y NABEP sean la misma empresa, no tenemos evidencia suficiente para afirmarlo.
Pero la coincidencia es demasiado precisa para descartarla sin investigar, misma fecha, contratos de participación productiva con PDVSA y una arquitectura empresarial que hay que reconstruir.
Hay que saber quién redactó aquellos contratos, quiénes fueron los abogados, qué modelos contractuales utilizaron, qué anexos se firmaron y qué relaciones existían entre las empresas que ingresaron simultáneamente al negocio petrolero venezolano.
La respuesta puede estar en los registros societarios y en los anexos de los contratos.
Petrozamora
La historia de NABEP en Venezuela tiene un antecedente anterior. Alejandro Betancourt ya había estado vinculado con Petrozamora, después salió de aquella estructura.
Pequeño parénesis
Alejandro Betancourt es el empresario venezolano que está detrás de NABEP y, por tanto, en el centro del nuevo acuerdo petrolero. Su trayectoria incluye investigaciones por presunto lavado de dinero en Suiza y España, además de una investigación en Estados Unidos vinculada a fondos presuntamente desviados de PDVSA. Nunca fue formalmente acusado y ha negado las acusaciones. Dos años después de que NABEP comenzara a construir su posición en el sector petrolero venezolano, Betancourt aparece encabezando una empresa en cuya estructura Washington obtiene ahora el 35% de participación, además de derechos preferenciales sobre el petróleo que produzca.
En 2024 regresó al negocio petrolero venezolano a través de NABEP.
Ese dato es importante porque Petrozamora no era un activo marginal. Formaba parte de una estructura de producción petrolera en el estado Zulia y, de acuerdo con la documentación revisada, el contrato firmado en abril de 2024 otorgaba a NABEP una participación económica significativa en el valor de la producción y facultades de comercialización.
Aquí aparece nuevamente una distinción que no podemos perder de vista.
Propiedad del yacimiento no es lo mismo que participación en la producción.
Y participación en la producción tampoco es lo mismo que control empresarial, son cosas distintas.
Una empresa puede no ser propietaria del subsuelo y, sin embargo, tener derechos económicos importantes sobre el petróleo extraído, capacidad de operación y facultades de comercialización.
Por eso el contrato completo importa tanto, no alcanza con saber quién figura como propietario. Hay que saber quién decide, quién invierte, quién recupera la inversión, quién vende, quién cobra y cómo se distribuye el ingreso.
Lo que había antes de Washington
La secuencia comienza a adquirir forma.
Abril de 2024: NABEP entra formalmente en la estructura petrolera venezolana.
Diciembre de 2024: aparece un contrato relacionado con Junín Sur.
Enero de 2025: aparece Petrocedeño.
Durante 2025, documentos técnicos muestran que NABEP trabaja sobre esos activos.
En septiembre de 2026, Rystad Energy señaló que los tres contratos de participación productiva existentes habían aumentado significativamente su producción conjunta desde finales de 2024 y situó la producción de las operaciones venezolanas de NABEP por encima de los 200.000 barriles diarios, según datos de la compañía y su propio análisis. Rystad también advierte que el programa de 100.000 millones de dólares anunciado para NABEP debe entenderse como una necesidad de financiamiento de largo plazo, no como dinero ya desembolsado.
Esto es importante porque permite poner en contexto una afirmación hecha por Washington después.
Cuando la Casa Blanca presentó a NABEP como el operador privado que asumiría los nuevos campos, la empresa ya tenía una posición petrolera significativa en Venezuela. No empezaba desde cero.
Entonces llegó Washington
El 31 de agosto la Casa Blanca presentó el acuerdo como una operación de alcance histórico.
Según Washington, NABEP recibió concesiones por 100 años sobre 17 campos.
La empresa proyecta invertir hasta 100.000 millones de dólares y el Gobierno estadounidense obtuvo algo extraordinario, una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP sin costo para los contribuyentes estadounidenses. También obtuvo acceso preferencial a la producción.
El Departamento de Estado podrá comprar el 20% del petróleo producido por NABEP a precio de costo. Sobre el 80% restante tendrá derecho de primera opción. La Casa Blanca informó además que Estados Unidos tendrá poder de veto sobre el nombramiento de los miembros de la junta y que la mayoría de los directores de NABEP deberán ser ciudadanos estadounidenses. El contrato entre Washington y NABEP, según la Casa Blanca, estará sometido a legislación estadounidense y a la jurisdicción de tribunales estadounidenses.
La descripción oficial estadounidense contiene una frase que merece especial atención.
Washington dice haber asegurado “majority control” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.
Pero al mismo tiempo dice que el Gobierno estadounidense tendrá 35% de participación accionaria en la empresa matriz.
¿Cómo se transforma un 35% accionario en control mayoritario?
La respuesta podría encontrarse en los derechos de gobernanza o en la estructura de los warrants (los penny warrants son el instrumento financiero clave utilizado por el Pentágono a través de su Oficina de Capital Estratégico para asegurar y estructurar su participación del 35%) O en ambos, todavía no tenemos el contrato completo para saberlo.
El 35% no es exactamente lo que parecía
El 4 de septiembre Reuters publicó un dato que nos obliga a mirar nuevamente esa participación.
El Gobierno estadounidense no habría adquirido simplemente un 35% convencional de las acciones. La participación fue estructurada mediante “penny warrants”.
Según un funcionario estadounidense citado por Reuters, esos instrumentos permiten mantener la participación del Gobierno frente a futuras ampliaciones de capital. El mecanismo funciona como una protección contra la dilución y mantiene para Estados Unidos beneficios económicos y derechos sobre dividendos hasta que el proyecto alcance su madurez.
La diferencia es importante. Una participación accionaria del 35% puede reducirse si una compañía emite nuevas acciones y el accionista no participa en la ampliación.
Una participación protegida mediante un mecanismo antidilución tiene otra posición.
Por eso la pregunta ya no es solamente cuánto tiene Estados Unidos.
La pregunta es:
¿Qué derechos exactos acompañan ese 35% y durante cuánto tiempo?
Para contestarla necesitamos el instrumento contractual, el acuerdo entre ambos países que nadie conoce aún.
Caracas habló de 25 años
Aquí aparece una de las contradicciones que esta investigación todavía no puede resolver.
Washington habla de 100 años, la versión difundida desde Caracas habla de 25 años.
Podrían estar hablando de instrumentos diferentes.
Es perfectamente posible que una cosa sea la duración de un contrato de participación, otra la duración de una concesión, otra el plazo de determinados derechos económicos y otra el período de vigencia de una relación empresarial.
Pero si es así, alguien tiene que explicarlo, porque los documentos públicos que conocemos no permiten hacerlo todavía.
La diferencia no es menor.
Veinticinco años y cien años no son una cuestión semántica cuando se trata de petróleo. Son tres generaciones de explotación.
¿Qué aprobó la Asamblea?
El 1 de septiembre de 2026 la Asamblea Nacional venezolana aprobó un “Acuerdo en respaldo al Convenio Energético Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América”. Así figura en la Gaceta Oficial 43.449 a la cual pudimos acceder
Pero hay que ser exactos.
La Asamblea no publicó allí el contrato completo entre Estados Unidos y NABEP.
El texto aprobado habla de cooperación, inversión, tecnología, recuperación de la producción y distribución de ingresos. También afirma que la propiedad y soberanía de Venezuela sobre sus yacimientos y recursos naturales quedan protegidas.
Los detalles que Washington hizo públicos, el 35%, los warrants, el 20% a precio de costo, el derecho preferente sobre el 80%, el veto sobre la junta, la mayoría estadounidense del directorio y la jurisdicción de tribunales estadounidenses no aparecen desarrollados en ese acuerdo parlamentario.
Esto no demuestra que esos derechos no existan.
Demuestra otra cosa, no están explicados en el documento que la Asamblea publicó para respaldar el convenio.
Y ahí aparece una pregunta que todavía espera una respuesta coherente que nadie ha sabido dar, ¿Qué texto exacto tenía delante la Asamblea Nacional cuando decidió respaldar el acuerdo?
El documento que falta
Volvamos al 17 de abril de 2024.
En la investigación que estamos realizando hay un documento que se repite constantemente. No porque alguien haya dicho que existe, si no porque los contratos hacen referencia a él.
Es el acuerdo confidencial firmado entre PDVSA, CVP, NABEP, Alejandro Betancourt y Harry Sargeant III.
Si aparece, puede aclarar una parte importante de la historia. Puede decir cuánto de la estructura petrolera de NABEP fue negociado desde entonces.
Puede explicar la relación con Petrozamora.
Puede mostrar las condiciones económicas originales.
Puede contener anexos.
Puede mostrar obligaciones de inversión.
Puede explicar la comercialización.
Puede revelar mecanismos que después fueron modificados.
La historia no termina acá
Lo que podemos establecer hasta ahora es bastante concreto.
NABEP ya estaba dentro de la industria petrolera venezolana antes del acuerdo anunciado por Washington. Tenía contratos de participación productiva, había ampliado su presencia, existían documentos técnicos sobre sus operaciones.
Y en abril de 2024 había un acuerdo confidencial cuyo contenido completo todavía no conocemos.
Dos años después, Washington anunció que esa misma empresa recibiría derechos sobre 17 campos durante 100 años y que el Gobierno estadounidense obtendría una participación del 35%, protegida mediante warrants contra la dilución, además de derechos sobre la producción y sobre la gobernanza de la compañía.
La Asamblea Nacional venezolana respaldó el convenio.
Pero el texto publicado por la Asamblea no contiene todos esos detalles.
Eso es lo que sabemos.
Lo que todavía no sabemos es quizás lo más importante.
No sabemos exactamente qué documento conecta la estructura petrolera construida por NABEP desde 2024 con los derechos que Washington anunció en 2026.
Y ahí está el centro de esta investigación, no en la propaganda de Washington, tampoco en la de Caracas.
En el contrato.
En los anexos.
En las sociedades.
En los registros.
En el dinero.
En quién tiene derecho a vender el petróleo y quién tiene derecho a comprarlo.
En quién puede nombrar al directorio.
En quién puede vetarlo.
En quién asume el riesgo financiero.
Y, finalmente, en cuánto queda para Venezuela después de que todos los demás cobren.
La segunda parte de esta investigación tendrá que comenzar por el 17 de abril de 2024.
Porque antes de que Washington anunciara haber entrado al negocio, alguien ya había preparado el terreno.
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