Ayotzinapa doce años después

Normalistas de una escuela de lucha, un Ejército que no abre sus archivos y una verdad que sigue pendiente.

Los 43 de Ayotzinapa viajaban a Ciudad de México para recordar la masacre del 2 de Octubre de 1968 en Tlatelolco, también contra estudiantes. Hoy, las familias y sus defensores sostienen que la investigación se desvía justo en donde hay presión, las Fuerzas Armadas.

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NOTA: Andrés Silva, Diario la Humanidad
Montevideo, Uruguay

La noche del 26 de septiembre

El 26 de septiembre de 2014, Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, llegaron a Iguala, Guerrero. Buscaban autobuses para trasladarse a Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre, que cada año recuerda la masacre de Tlatelolco de 1968.

Esa noche terminó en persecuciones, disparos y detenciones. Seis personas fueron asesinadas, hubo decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecieron. Hasta hoy solo tres han sido identificados mediante sus restos.

Los 43 no fueron víctimas de un cruce casual. Eran jóvenes organizados, con una causa y un destino, marchar para no olvidar a otras víctimas del Estado.

Una escuela que se hizo en la lucha

Para entender a los 43 hay que entender de dónde venían. Las normales rurales nacieron para formar a los maestros que llevaran educación a las comunidades campesinas más postergadas del país. Ayotzinapa es una de las más emblemáticas, y su historia está atravesada por la organización estudiantil y la movilización social que fue muy fuerte en los años 60 y 70.

De sus aulas salieron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dos de los dirigentes más conocidos de la lucha social y guerrillera en Guerrero durante los años sesenta y setenta. Esa memoria sigue viva en la región, donde la represión de movimientos campesinos dejó desapariciones forzadas, detenciones clandestinas y torturas.

Los 43 estudiantes eran jóvenes distintos entre sí. Cada uno tenía quizás su propia forma de ver el mundo. Pero todos estudiaban en una escuela con una larga historia de organización, donde los estudiantes se organizan para pedir lo que les corresponde.

Lo que piden es justo y claro, más presupuesto para las escuelas normales, mejores condiciones para estudiar y trabajo asegurado para quienes terminan la carrera. De esas aulas salen los maestros que van a enseñar a los niños del campo, donde muchas veces nadie más quiere ir.

Los normalistas son, en su mayoría, hijos de campesinos, obreros e indígenas, gente a la que los gobiernos han dejado de lado por mucho tiempo, son los sectores sociales más relegados. Para muchos de ellos, la normal rural es la única forma de llegar a una carrera. Defender esa escuela es defender el derecho de todos a estudiar.

Dónde se pone el foco

Desde el primer día, una parte importante del debate público se ha dedicado a examinar a los estudiantes, su protesta, su forma de conseguir autobuses, su militancia. Ese giro tiene un efecto conocido en casos de violencia estatal, desplaza la pregunta sobre quién actuó hacia la pregunta sobre qué hicieron las víctimas.

Conviene decirlo sin rodeos. Ninguna protesta, ninguna toma de autobuses, ninguna militancia justifica una persecución, una detención, un secuestro ni una desaparición. La carga de explicar lo ocurrido recae en quienes tenían el deber de proteger y de investigar, no en los jóvenes que desaparecieron.

Lo que está documentado

La llamada «verdad histórica», presentada en enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sostenía que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El GIEI, creado con participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionó esa reconstrucción y documentó irregularidades en la investigación y denuncias de tortura para obtener declaraciones.

En 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia calificó los hechos como un crimen de Estado. Su informe describió la participación de agentes públicos de distintos niveles, incluidos militares, además de omisiones y maniobras de encubrimiento.

Sobre el Ejército, hay datos concretos. El GIEI documentó que comunicaciones internas elaboradas en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Iguala daban seguimiento a los estudiantes antes, durante y después de los hechos. Entre los 43 desaparecidos figuraba Julio César López Patolzin, un soldado infiltrado en la normal. Sobrevivientes han relatado la presencia de militares en la clínica Cristina, donde se atendía a estudiantes heridos.

En febrero de 2026, un juzgado federal ordenó a la Secretaría de la Defensa entregar la información faltante. La sentencia estableció una brecha aproximada de 853 folios que no fueron incluidos en los archivos entregados antes, y señaló que la discontinuidad en la numeración no demuestra que los documentos no existan, sino que es indicio de que están en poder de autoridades militares.

Lo que se denuncia

A lo documentado se suman señalamientos que las familias, sus representantes y fuentes cercanas a la investigación hacen desde hace años, y que deben ser investigados. Entre ellos, que existen testigos que habrían visto a personal militar interceptando uno de los autobuses de los estudiantes, y que algunos de esos testigos habrían sido amenazados y silenciados.

Estas versiones no han sido probadas judicialmente. Pero que una acusación sea grave no es motivo para ignorarla. Lo es para investigarla de inmediato, proteger a quienes se atrevan a declarar y garantizar que no sean intimidados. Un Estado que quiere saber la verdad empieza por hacer posible que se pueda decir.

Lo que el Estado todavía no responde

En este contexto llegó la Recomendación 208VG/2026 de la CNDH. En sus 867 páginas cuestiona los informes del GIEI y de la Comisión de la Verdad, y concluye que las pruebas disponibles no permiten responsabilizar a la Secretaría de la Defensa, como institución, por la desaparición forzada. Los padres y madres de los 43 señalaron ante la CNDH que ese documento exculpa al Ejército.

Hay un matiz importante. Que no se acredite responsabilidad institucional no equivale a descartar la de personas concretas. Al menos 20 militares han sido señalados dentro de investigaciones judiciales relacionadas con el caso. Todos tienen derecho a la presunción de inocencia, pero para probar o descartar esos señalamientos hace falta acceso pleno a documentos que siguen en poder de las propias Fuerzas Armadas. Más aún teniendo en cuenta, que existieron seguimientos, inteligencia y que en la normal había un infiltrado.

Las preguntas siguen siendo:

• ¿Qué sabían los mandos militares mientras los estudiantes eran perseguidos?
• ¿Qué decisiones tomaron y qué documentos las respaldan?
• ¿Dónde están los folios que faltan?

Un caso que no se agota en un nombre

En agosto de 2026 fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado en relación con la desaparición forzada y la destrucción de pruebas. Aguirre ha negado irregularidades. Es un avance que merece seguimiento, pero ninguna detención por sí sola agota la investigación.

El temor de las familias es que el foco se concentre en actores locales o criminales mientras se evita examinar a las Fuerzas Armadas. Que ese temor sea compartido por quienes conocen el expediente es, en sí mismo, una señal que el Estado debería atender.

Una crisis nacional, una deuda concreta

Ayotzinapa se inscribe en una crisis mayor, el registro oficial del gobierno supera las 132.534 personas desaparecidas o no localizadas. Las cifras varían según la fecha de corte y la metodología, y no todas las entradas corresponden a desapariciones forzadas acreditadas, pero el patrón de impunidad es innegable.

El 21 de octubre, el Gobierno mexicano reconoció ante la ONU que autoridades municipales han participado en desapariciones. El Comité contra la Desaparición Forzada sostiene que existen indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, algo que el Gobierno rechaza. El reconocimiento sobre las autoridades municipales es un paso, pero deja abierto el interrogante sobre otros niveles.

Lo que falta

Doce años después, quedan tres deudas. La primera es el destino de cada uno de los 43. La segunda es la entrega completa de los archivos militares que un tribunal ya ordenó. La tercera es una investigación que siga cada hilo, incluido el de las Fuerzas Armadas, con garantías para testigos y sin excepciones institucionales.

Los 43 iban a recordar a las víctimas de Tlatelolco. Su caso es hoy la prueba de lo que todavía no se ha conquistado en materia de verdad y justicia.

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