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El doble bombardeo estadounidense que desafía al derecho internacional


NOTA: Andrés Silva, Diario la Humanidad

Montevideo, Uruguay


Los recientes ataques de Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones de pescadores en el mar Caribe han abierto una de las crisis jurídicas y morales más graves de los últimos años.

Lo que el Pentágono ha presentado como “operaciones contra redes del narcotráfico” ha sido cuestionado por gobiernos latinoamericanos, organizaciones humanitarias y expertos de Naciones Unidas, quienes denuncian que se trata de bombardeos ilegales, realizados fuera de cualquier marco jurídico y con un patrón preocupante de uso letal desproporcionado, con más de 80 asesinatos extrajudiciales.

El informe preliminar elaborado por un grupo de expertos de la ONU y solicitado tras múltiples denuncias caribeñas, confirma que en al menos uno de los ataques hubo sobrevivientes del primer bombardeo, personas que ya estaban en el agua, incapacitadas y sin posibilidad de oponer resistencia. Sin embargo, pese a su condición de vulnerabilidad extrema, esos sobrevivientes fueron alcanzados por un segundo bombardeo, lo cual, configuraría uno de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional humanitario.

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Un segundo ataque contra náufragos, ejecución extrajudicial

Se confirmo el segundo ataque, tras el primer impacto, algunos tripulantes lograron sobrevivir y quedaron a la deriva. En ese estado, aseguran fuentes de la investigación, fueron blanco de un nuevo ataque aéreo.

No se trata de un exceso menor ni de una interpretación conspiranóica. Bombardear a personas ya neutralizadas sean pescadores, migrantes, o incluso presuntos delincuentes es una ejecución sumaria desde el punto de vista jurídico.

En derecho internacional, la condición de un sobreviviente incapacitado es inequívoca:

  • No puede ser atacado.
  • Debe ser auxiliado.
  • Debe recibir protección, incluso si fuese enemigo.

Bombardear de nuevo significa una decisión consciente de eliminar testigos y actuar fuera de la ley.

Lo que Estados Unidos ha violado

La presencia de los buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe ya es de por sí ilegal, ya constituye una flaca te violación del derecho internacional por lo que EE.UU. no puede alegar que estos ataques ocurren bajo un “conflicto armado” porque no lo hay, tampoco una declaración de guerra. Pero aun si lo hiciera, el derecho internacional humanitario lo obligaría a respetar las normas mínimas del ius in bello, fijadas desde 1949 en los Convenios de Ginebra, que establecen de forma estricta:

  1. Prohibición de atacar a personas fuera de combate (Convenio I, Art. 12 y 15; Convenio II, Art. 12–18).

2. Prohibición absoluta de matar a prisioneros o heridos, incluso en conflictos totales.

3. Obligación de recoger, asistir y proteger a los náufragos (Convenio II, Art. 12 y 18).

4. Prohibición de ejecuciones sumarias, considerada crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Es decir, ni en guerra está permitido rematar a un enemigo caído. Mucho menos, bombardear civiles o supuestos sospechosos sin juicio, sin aviso, sin identificación y sin posibilidad de rendirse.

Lo sucedido en el Caribe con un segundo bombardeo contra sobrevivientes constituye una violación directa a estos principios, independientemente del estatus de los ocupantes de las embarcaciones.

El patrón histórico es la violencia imperial como política de Estado

Para un observador regional, nada de esto resulta completamente novedoso. Estados Unidos ha recurrido históricamente a prácticas letales extraterritoriales:

•asesinatos con drones en Yemen y Pakistán sin declaración de guerra,

•intervenciones navales cuestionadas,

•invasiones sin mandato de la ONU,

•y operaciones encubiertas en América Latina amparadas en doctrinas de “seguridad hemisférica”.

La novedad actual es la brutalidad del método, destruir embarcaciones pequeñas sin advertencia, y luego como sugiere la investigación de la ONU bombardear nuevamente a quienes ya estaban indefensos en el agua.

Esto no es lucha contra el narcotráfico. Es terrorismo, asesinatos para justificar una acción posterior.

Una responsabilidad que trasciende gobiernos

El enfoque de Washington revela una lógica que combina impunidad, excepcionalismo y desprecio por la vida humana. Esta doctrina de “autorización para matar” contradice cualquier discurso de derechos humanos que EE. UU. pretenda sostener en foros internacionales.

La ONU ya ha pedido una investigación independiente. Es indispensable que esta continúe y que los hallazgos se hagan públicos. No se trata solo de establecer responsabilidades individuales, se trata de determinar en esta política sistemática, la responsabilidad en la cadena de mando que permite matar sin juicio sobre aguas internacionales.

Las pruebas están, por lo tanto estamos ante la confirmación de asesinatos extrajudiciales, pero si estados unidos asegura estar en una guerra estaríamos ante crímenes de guerra que podrían ser perseguidos internacionalmente.

Justicia, verdad y fin de la impunidad

Nada justifica lo ocurrido:

• Ni la inexistente guerra contra las drogas.

• Ni la defensa nacional.

• Ni la supuesta peligrosidad de las lanchas de pescadores.

Bombardear dos veces a personas que ya no representan amenaza alguna constituye un crimen de guerra en cualquier interpretación jurídica razonable.

Latinoamérica, cuya historia está marcada por intervenciones y atropellos estadounidenses, no puede permitir que esta barbarie quede impune.

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