Secuestro presidencial, uso ilegítimo de la fuerza y militares cubanos muertos
La captura de un presidente en ejercicio y la muerte de militares cubanos en Venezuela abren un escenario de responsabilidad estatal, crimen internacional y nulidad jurídica bajo el derecho internacional.
Nota: Diario La Humanidad – Alfonso Ossandon
Corresponsalía – Milano – Italia
El secuestro de un presidente en ejercicio por fuerzas militares extranjeras y la muerte de al menos 32 militares cubanos en territorio venezolano marcan un punto de quiebre en el derecho internacional contemporáneo. Lejos de una operación policial o una extradición legal, el uso ilegítimo de la fuerza transforma el hecho en un conflicto armado internacional de facto, habilitando a Cuba a exigir responsabilidad estatal, reparación y reconocimiento del daño ante tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia.
El jaque que rompió el tablero: cuando el secuestro convierte a los caídos en prueba y a Cuba en acusador
En ajedrez hay una regla silenciosa que todos conocen: el Rey no se captura. Cuando un jugador lo arranca del tablero por la fuerza, la partida deja de existir. No hay victoria, no hay derrota, solo un tablero roto. En ese punto, ya no se discute quién estaba ganando, sino quién violó las reglas del juego.
Eso es lo que ocurre cuando un presidente en ejercicio es capturado por fuerzas militares extranjeras y trasladado fuera de su territorio junto a su esposa. No estamos ante un arresto, sino ante un secuestro internacional ejecutado mediante fuerza armada. Y cuando esa jugada se ejecuta, no solo afecta al Rey y a la Reina: todas las piezas alcanzadas por la violencia de la jugada adquieren relevancia jurídica propia.
Entre ellas, los militares cubanos.
Cuba no aparece en esta historia como espectador ni como figura accesoria. Aparece como un Estado cuyos nacionales — más de treinta militares (32) — se encontraban legalmente constituidos en Venezuela, integrando esquemas de cooperación y seguridad bilateral. No eran mercenarios, no eran combatientes irregulares, no eran infiltrados clandestinos. Eran militares de un Estado soberano, presentes con consentimiento del Estado anfitrión.
En el momento en que fuerzas estadounidenses ejecutan una operación armada en territorio venezolano y causan la muerte de esos militares cubanos, el tablero se rompe definitivamente. Porque ya no se trata solo de la soberanía venezolana vulnerada, sino de la afectación directa a un tercer Estado.
Didácticamente, las posibilidades de Cuba para reivindicar penalmente a sus muertos se abren en varios niveles, todos ellos dentro del derecho internacional, precisamente porque la jugada fue ilegal desde su origen.
Primero, Cuba puede sostener que la muerte de sus militares constituye un acto ilícito internacional imputable al Estado que ejecutó la operación. En derecho internacional, cuando agentes estatales causan la muerte de nacionales de otro Estado mediante uso ilegítimo de la fuerza, se activa la responsabilidad internacional del Estado autor. No importa que el objetivo declarado fuera otro; la ilicitud del medio contamina el resultado.
Segundo, Cuba puede alegar que, al tratarse de una operación armada entre Estados, sus militares caídos eran combatientes de un Estado tercero y, por tanto, personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Si fueron asesinados en una operación no autorizada, sin estado de guerra legítimo y fuera de cualquier marco de hostilidades reconocido, la muerte de esos soldados puede ser calificada como homicidio internacional o crimen de guerra, según las circunstancias probadas.
Tercero, Cuba tiene legitimación para acudir a foros internacionales —como la Corte Internacional de Justicia— no para juzgar penalmente individuos, sino para exigir responsabilidad estatal, reparación, reconocimiento del daño y garantías de no repetición. En ajedrez jurídico, no se trata de capturar piezas del rival, sino de obligarlo a reconocer que hizo una jugada prohibida.
Cuarto, y aquí el tablero se vuelve aún más incómodo para los secuestradores, la presencia de muertos cubanos refuerza la tesis de que no se trató de una operación policial, sino de un conflicto armado internacional de facto. Eso refuerza la posición de que el presidente capturado debía ser tratado como prisionero de guerra y no como delincuente común, y que todos los efectos penales derivados de su captura están viciados de nulidad.
En otras palabras: cada militar cubano muerto se convierte en una evidencia que no puede retirarse del tablero narrativo. Su existencia impide que la operación sea presentada como “extradición”, “arresto” o “cumplimiento de la ley”. Obliga a llamarla por su nombre: uso ilegítimo de la fuerza con consecuencias letales para terceros Estados.
Así, Cuba no reclama desde la revancha, sino desde la lógica. No exige venganza, sino responsabilidad. No busca reescribir la partida, sino demostrar que nunca fue ajedrez.
Y en un tablero roto, ocurre algo paradójico: el Rey y la Reina, arrancados ilegalmente, pueden volver a su casilla por nulidad de la jugada; pero los muertos no regresan. Por eso su peso jurídico es mayor. Porque son la prueba irreversible de que el secuestro no fue una jugada audaz, sino un error estructural.
Al final, la historia no preguntará quién tenía más poder militar, sino quién respetó las reglas cuando decidió mover. Y cuando aparecen caídos de un tercer Estado sobre el tablero, la respuesta deja de ser política y se vuelve inevitablemente jurídica.
Corresponsalía Milano / Alfonso Ossandón Antiquera / © Diario La Humanidad
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