Italia endurece sus políticas migratorias: ¿A qué costo?

0

Italia atraviesa un proceso de endurecimiento de sus políticas migratorias y fiscales hacia personas extranjeras. Dos recientes informes han desvelado el impacto de las detenciones administrativas y las restricciones fiscales que afectan a solicitantes de asilo, migrantes y contribuyentes no europeos. 

Nota: Alfonso OssandónDiario la Humanidad (Milano – Italia)

Estas políticas reflejan una tendencia que preocupa a defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten que el enfoque actual está erosionando los principios de protección y equidad.

Una red de detención paralela

El informe “Trattenuti,” publicado por Action Aid y la Universidad de Bari, denuncia el crecimiento de un sistema de detención administrativa en Italia. Estos centros, originalmente creados como una medida temporal para gestionar la migración, se han transformado en una estructura paralela y compleja que involucra a migrantes sin antecedentes penales, incluyendo a quienes solicitan asilo. Este sistema ha retenido a aproximadamente 50,000 personas en la última década, evidenciando una «nueva geografía de la detención» que se aleja de la idea de refugio y acoge.

Los Centros de Permanencia para Repatriados (Cpr), a través de los cuales el Estado italiano gestiona estas detenciones, se han diversificado para cumplir objetivos específicos de repatriación. Por ejemplo, los centros en Sicilia, como los de Trapani y Caltanissetta, se utilizan principalmente para la expulsión de ciudadanos tunecinos, que representan el 85% de los repatriados. En paralelo, los Cpr en el continente se destinan mayormente a migrantes procedentes de prisiones italianas, quienes a menudo enfrentan extensiones de su detención, que puede durar hasta 18 meses.

Sin embargo, el informe advierte que estos largos tiempos de detención no se han traducido en un incremento en la tasa de repatriaciones. De hecho, solo la mitad de los detenidos es deportada, mientras los costos de este sistema han crecido exponencialmente, especialmente por el uso de vuelos chárter en lugar de comerciales para realizar las expulsiones. Esta práctica incrementa la carga presupuestaria y requiere mayores niveles de coerción, lo que ha llevado a una escalada en los costos para el Estado.

Centros para solicitantes de asilo: la frontera incierta

La reciente aparición de los Centros de Trattenimento Richiedenti Asilo (Ctra) representa otro punto de controversia. Estos centros, aunque aún no están definidos oficialmente, ya han comenzado a operar en Modica, Porto Empedocle y hasta en Gjader, Albania. Bajo un modelo de gestión privada similar a los “hotspots” en las fronteras, los Ctra buscan retener a solicitantes de asilo mientras se decide su situación. No obstante, en lo que algunos consideran una victoria temporal, varios tribunales han rechazado la legalidad de estas detenciones.

Pero la situación podría cambiar con el nuevo Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, que sugiere la detención obligatoria de solicitantes de protección internacional con bajas probabilidades de ser aceptados. Según el informe, esta medida generará una «hibridación» entre el sistema de acogida y el de repatriación, creando un modelo que se expande a pesar de ser ineficiente en términos de costos y de respeto a los derechos humanos.

Medidas fiscales restrictivas para extranjeros

En paralelo a las políticas de detención, el gobierno de Giorgia Meloni ha propuesto un paquete de medidas fiscales que restringen las deducciones fiscales para contribuyentes no pertenecientes a la Unión Europea (UE). De acuerdo con la nueva normativa, los extranjeros no comunitarios ya no podrán deducir los gastos por cónyuge a cargo ni por hijos entre 21 y 30 años, a menos que provengan de países del Espacio Económico Europeo. Esta medida afectará a quienes, aunque no sean ciudadanos europeos, trabajan y declaran sus impuestos en Italia.

Las proyecciones de la Ragionería de Estado indican que esta política permitirá un ahorro de aproximadamente 126,4 millones de euros. Sin embargo, existen dudas sobre su aplicabilidad. Como señala la Ragionería, la nacionalidad del contribuyente no se indica en la declaración de impuestos, por lo que las estimaciones se basan en el lugar de nacimiento. Esta limitación podría plantear problemas legales y de equidad.

Giorgia Meloni 

Un bono para nuevos nacimientos con condiciones

Otro aspecto que afecta a los migrantes es el nuevo “Bonus nuove nascite,” un bono único de 1,000 euros para cada hijo nacido o adoptado a partir de enero de 2025. Este beneficio, disponible para ciudadanos italianos y comunitarios, se extiende a extranjeros no europeos, siempre que cuenten con permiso de residencia de larga duración o de trabajo por más de seis meses. Sin embargo, quienes soliciten este bono deben tener un Indicador de Situación Económica Equivalente (ISEE) no superior a 40,000 euros anuales.

Las medidas de detención y las restricciones fiscales implementadas en Italia reflejan una tendencia hacia un control migratorio cada vez más rígido. Mientras se busca ahorrar en el presupuesto público, la carga recae en los sectores más vulnerables de la población, suscitando preguntas sobre la sostenibilidad y la equidad de estas políticas.

Desde la aparición de los Ctra hasta la reducción de las deducciones fiscales, Italia está trazando nuevas líneas en su sistema de gestión migratoria y fiscal. El costo, tanto social como económico, y las implicaciones en derechos humanos están aún por verse.

Corresponsalía Milano / Alfonso Ossandón Antiquera / Italia 2024 / © Diario La Humanidad

.

.

.

.

Te recomendamos leer:

.

.

.

.


Síguenos en nuestro canal para ver noticias, documentales y películas:

Imagenes:  Foto: Armando Babani, vía Europa Press –

Los artículos del diario La Humanidad son expresamente responsabilidad del o los periodistas que los escriben.

About Author

Spread the love

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter