Europa pierde su soberanía con Estados Unidos y avanza el mundo multipolar
La Unión Europea atraviesa una profunda crisis de autonomía estratégica y capacidad de decisión. Su dependencia militar de la OTAN, su subordinación a Washington y sus vulnerabilidades económicas y energéticas ponen en cuestión su papel en el nuevo orden mundial multipolar, marcado por el ascenso de China, Rusia y los BRICS.
Diario La Humanidad
Europa, cuna del Estado moderno, la soberanía nacional y las grandes categorías de la política internacional, enfrenta una de las mayores crisis geopolíticas de su historia: ha perdido buena parte de su capacidad para decidir su propio destino. Mientras Estados Unidos mantiene su influencia sobre la seguridad europea a través de la OTAN, la guerra en Ucrania, las tensiones con Rusia y la competencia estratégica con China exponen la creciente subordinación de la Unión Europea a los intereses de Washington.
Que la transición multipolar ofrezca una oportunidad para sanar la división o, por el contrario, consagre su permanencia, dependerá de una decisión que nadie puede tomar en nombre de los pueblos europeos individualmente.
De la creación del orden a su administración: centralidad sin subjetividad
Existe una contradicción que atraviesa la Europa contemporánea y que el debate público tiende a eludir. Hoy, el continente es uno de los lugares donde los cambios en el equilibrio de poder global son más evidentes: la guerra en Ucrania se libra en sus fronteras; la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China se desarrolla a través de sus mercados y regulaciones; y las crisis en el Mediterráneo y Oriente Próximo impactan directamente su seguridad energética y demográfica. Sin embargo, precisamente donde hay más en juego, las decisiones importantes se toman en otros lugares.
La importancia de un territorio en la competencia internacional no coincide con la capacidad de sus actores políticos para influir en su desarrollo. La geografía otorga valor a un espacio, pero no le confiere capacidad de acción. Europa es central porque allí confluyen rutas, recursos, mercados y líneas de falla estratégicas, pero esta centralidad hace tiempo que dejó de traducirse en iniciativa. Brzezinski, en su clásico de 1997, El gran tablero de ajedrez , lo expresó sin rodeos a finales de la década de 1990, describiendo al continente como la cabeza de puente del poder estadounidense en Eurasia. El cuarto de siglo posterior ha confirmado esta valoración más de lo que muchos europeos estaban dispuestos a admitir.
Por lo tanto, es necesaria una distinción preliminar que sustentará todo el argumento: la distinción entre centralidad geopolítica y subjetividad geopolítica. Un actor es sujeto de la política internacional cuando define sus propios intereses, toma decisiones en función de ellos y las respalda materialmente; es objeto de competencia internacional cuando el espacio que ocupa se convierte en el escenario donde otros desarrollan sus estrategias. Ambas condiciones pueden coexistir durante mucho tiempo tras una fachada institucional intacta. Es precisamente esta coexistencia la que define el caso europeo.
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La paradoja se hace aún más evidente al considerar que Europa ha sido, durante casi cuatro siglos, la fuente de las categorías mediante las cuales el mundo entero ha aprendido a concebir la política internacional. El Estado territorial moderno, la soberanía como poder supremo sobre un espacio delimitado, el equilibrio de poder, el interés nacional y la diplomacia permanente: estas son invenciones europeas, forjadas en el crisol de las guerras de religión y codificadas en un derecho público que, en su obra maestra El Nomos de la Tierra , el filósofo alemán Carl Schmitt denominó jus publicum europaeum (derecho público europeo). El poder, en este sentido, no era meramente la capacidad de imponer la propia voluntad a los demás, sino también la capacidad de establecer las normas que reconocían la legitimidad de la voluntad ajena.
El sistema westfaliano sirvió más para formalizar que para establecer, y la historiografía reciente ha demostrado hasta qué punto el «modelo westfaliano» se proyectó retroactivamente sobre los tratados de 1648. Sin embargo, lo cierto es que la Europa moderna logró transformar una experiencia histórica específica —la coexistencia armada de estados territoriales de fuerza comparable— en un orden normativo con pretensiones universales. La expansión colonial fue su contraparte material: la proyección global de ese poder y, al mismo tiempo, la condición que posibilitó exportar el modelo estatal mucho más allá del continente que lo había generado. La «línea de amistad» de Schmitt, que separaba el espacio europeo regulado del mundo exterior abierto a la conquista, muestra con brutal claridad cómo el orden y su excepción nacieron simultáneamente.
Por lo tanto, el declive de Europa no debe medirse únicamente en términos de su participación en el PIB mundial o de sus divisiones internas. Debe medirse en la transición de una civilización política que genera orden a una que lo administra. A lo largo del siglo XX, las categorías desarrolladas en Europa continuaron circulando, pero su gestión e interpretación pasaron a manos de otros. Esto plantea una cuestión teórica que el resto de este artículo busca abordar: ¿qué sucede con una civilización política cuando pierde la capacidad de producir de forma autónoma los conceptos a través de los cuales interpreta y organiza el mundo? La respuesta provisional es que continúa utilizándolos, pero como un heredero que vive en una casa de la que ya no posee las llaves.
El punto de inflexión de 1945 y la mala interpretación de la integración.
La Segunda Guerra Mundial representó un punto de inflexión decisivo. No tanto por la destrucción —que Europa ya había sufrido— sino por el desplazamiento definitivo de los centros de poder fuera del continente. Washington y Moscú emergieron del conflicto como las únicas potencias capaces de garantizar la seguridad de los demás; Europa se erigió como la región cuya seguridad debía garantizarse. La división del continente a lo largo del Telón de Acero fue la expresión territorial de esta nueva relación: en ambos bandos, la protección se intercambió por la alineación, y el territorio quedó subordinado a la seguridad de otros.
Es dentro de este marco que debe entenderse la integración europea. La narrativa exaltada la presenta como la trascendencia de las soberanías nacionales en nombre de una soberanía más amplia —como han repetido a menudo los propagandistas del dogma globalista europeo—, viendo en ella, al menos durante su fase formativa, una herramienta para salvar a los Estados-nación que habían salido de la guerra en ruinas, garantizándoles crecimiento, bienestar y legitimidad interna. Cabe añadir un elemento más: la integración fue también la forma que los europeos occidentales dieron a su renuncia al poder. La Comunidad Europea de Defensa, desmantelada por la Asamblea Nacional francesa en 1954, es el punto en el que esta renuncia se hizo visible. Desde entonces, la construcción de la Comunidad Europea ha avanzado a través del mercado, la moneda y la regulación, mientras que la seguridad sigue delegada a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
De ahí la tesis que debe enunciarse sin ambigüedad: la integración no produce automáticamente soberanía. Todo lo contrario. La convergencia institucional de múltiples Estados genera procedimientos comunes, normas compartidas e incluso un ordenamiento jurídico superior; no por ello, genera una entidad geopolítica unificada. Una entidad de este tipo presupone un centro capaz de decidir sobre el uso de la fuerza y de asumir el riesgo de esas decisiones. La Unión ha construido todo lo demás con notable eficacia.
Cuatro tipos de soberanía y una decisión pendiente
El núcleo (teórico) del problema surge cuando dejamos de considerar la soberanía como un atributo único y unificado. Conviene distinguir al menos cuatro niveles. La soberanía jurídica es el reconocimiento formal de una entidad como titular de derechos y poderes dentro del ordenamiento jurídico internacional. La soberanía institucional es la posesión de órganos propios capaces de producir normas y actos vinculantes. La soberanía material es la posesión de los recursos económicos, tecnológicos, energéticos y militares necesarios para respaldar dichos actos. La soberanía estratégica, finalmente, es la capacidad de definir de forma autónoma los propios intereses y perseguirlos incluso cuando entran en conflicto con los de las grandes potencias externas. Los Estados europeos y la Unión en su conjunto poseen en gran medida los dos primeros niveles. El tercero es parcial y fragmentado. El cuarto es el que falta.
Esta evaluación se realiza en cuatro niveles. En el plano militar, la dependencia de las estructuras atlánticas es estructural y reconocida. La disuasión nuclear, la inteligencia satelital, la logística estratégica y el mando integrado permanecen en manos estadounidenses o pasan por ellas; incluso la Brújula Estratégica 2022 —el documento que, más que ningún otro, ha defendido la autonomía estratégica— reconoce a la OTAN como la base de la defensa colectiva. El compromiso adquirido en la cumbre de La Haya en junio de 2025 de elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para 2035 incrementa los recursos, pero no cambia el centro de la toma de decisiones sobre cómo desplegarlos. En rigor, un mayor gasto dentro de la arquitectura de otro implica una mayor soberanía material puesta al servicio de una soberanía estratégica que no es europea.
En el ámbito diplomático, la capacidad de formular posiciones independientes durante las grandes crisis se ha visto notablemente mermada. En la guerra de Ucrania, la Unión Europea adoptó una postura que coincidía esencialmente con la de Washington, pero quedó excluida de la mesa de negociaciones cuando la administración estadounidense optó por tratar directamente con Moscú. En Oriente Medio, las divisiones entre las capitales europeas han reducido la voz de Europa a meras declaraciones de principios, carentes de influencia. La política exterior común, supeditada a la exigencia de unanimidad, tiende a reflejar el mínimo común denominador de las posiciones nacionales.
En el plano económico, esta vulnerabilidad tiene un nombre específico: interdependencia asimétrica. Europa ha sustituido su dependencia del gas ruso por la del gas natural licuado procedente de Estados Unidos y Qatar. La destrucción de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 —un ataque contra infraestructuras estratégicas europeas por el que, años después, ninguna institución de la UE ha aclarado públicamente su responsabilidad— sigue siendo la ilustración más elocuente de esta situación. El informe Draghi de 2024 documentó la dependencia de proveedores externos en el sector digital, los semiconductores y las materias primas críticas. El acuerdo comercial alcanzado en el verano de 2025 con Washington —que aceptó aranceles generalizados sobre las exportaciones europeas a cambio de su estabilización— demuestra que, incluso en áreas donde la Unión tiene competencia exclusiva, su poder de negociación no se corresponde con el tamaño de su mercado.
Finalmente, en el plano político, el desafío reside en transformar veintisiete intereses nacionales en una voluntad estratégica compartida. No se trata de un fallo de procedimiento que pueda corregirse aboliendo la unanimidad, sino de la ausencia de lo que Schmitt identificó como el criterio de soberanía: la decisión sobre el estado de excepción. Las instituciones europeas funcionan eficazmente bajo una normalidad regulada; se paralizan —o se someten— cuando la normalidad se ve alterada. La cuestión decisiva no es si Europa posee instituciones autónomas, sino si estas son capaces de tomar decisiones independientes cuando dichas decisiones entran en conflicto con los intereses de una potencia externa. Hasta ahora, la respuesta empírica ha sido negativa.
Hace veinte años, Kagan atribuyó esta situación a una diferencia en la cultura estratégica: los europeos, tras haber emergido de la historia de la política de las grandes potencias, habían optado por el paraíso kantiano del derecho y la negociación, mientras que los estadounidenses permanecían en el mundo hobbesiano de la fuerza. Esta interpretación es convincente, pero invierte la relación causal. No es la cultura de la paz la que ha generado debilidad, sino la debilidad estructural —aceptada a cambio de protección— la que ha producido una cultura que la glorifica.
El fin del monopolio categórico
El problema europeo adquiere una nueva dimensión al analizarlo en el contexto de la transformación del sistema internacional. El orden unipolar surgido tras el fin de la Guerra Fría se está desmoronando. China ha alcanzado una capacidad industrial y tecnológica que le permite proponer sus propios estándares; India actúa como una potencia autónoma dentro de los bloques; Rusia ha optado por una ruptura abierta con Occidente y está asumiendo las consecuencias; las monarquías del Golfo, Turquía, Brasil e Indonesia buscan múltiples alianzas que habrían sido impensables hace tan solo unos años. El grupo BRICS, ampliado a partir de 2024, no es ni una alianza ni un bloque cohesionado, y sería un error sobreestimar su cohesión interna. Sin embargo, es el instrumento a través del cual una parte creciente del mundo busca diversificar sus dependencias: sistemas de pago alternativos, regulaciones en monedas nacionales e instituciones financieras paralelas.
Lo que importa, para el argumento aquí presentado, no es simplemente la redistribución material del poder, sino la erosión del monopolio occidental sobre la elaboración de normas. Se trata de un mundo «multiplex», en el que coexisten múltiples órdenes regionales sin un centro hegemónico, mientras que la teoría del mundo multipolar propone explícitamente la pluralidad de grandes espacios civilizatorios como principio de organización internacional. Ambas perspectivas parten de premisas teóricas muy diferentes, pero convergen en un punto: las categorías mediante las cuales se organiza la coexistencia internacional ya no se producen en un solo lugar.
Para Europa, esto plantea un doble problema. Por un lado, el continente está perdiendo influencia frente a Estados Unidos, China y Rusia. Por otro lado —y de forma más profunda— se encuentra obligada a desenvolverse en un orden que ya no se organiza exclusivamente según las categorías políticas occidentales, sin poseer un marco estratégico propio para interpretarlo. Kissinger señaló que el orden westfaliano se universalizó justo cuando Europa perdía la fuerza para sostenerlo. Hoy, ese orden está siendo renegociado por potencias que aceptan algunas de sus premisas —como la soberanía y la no injerencia—, pero rechazan otras, como la pretensión de Occidente de interpretar su contenido. Europa, que inventó la gramática, se encuentra incapaz de participar en la reescritura de la sintaxis.
La asimetría entre responsabilidad y capacidad
Las consecuencias de este déficit no se limitan al continente. Una Europa sin autonomía estratégica no puede desempeñar el papel de mediadora que su posición geográfica, su historia diplomática y sus vínculos económicos con todas las partes implicarían naturalmente. Un mediador debe poder garantizar algo, y solo quienes toman decisiones pueden garantizarlo. La neutralidad activa que la Francia gaullista o la Ostpolitik alemana pudieron practicar, dentro de límites estrictos, durante la Guerra Fría, ahora parece inalcanzable para cualquier gobierno europeo.
Aún más grave: la dependencia estratégica puede convertir al continente en un multiplicador de tensiones entre las grandes potencias. Cuando los intereses europeos no se distinguen de los de su principal aliado, Europa hereda esos conflictos sin poder controlar su intensidad. Las sanciones contra Rusia han impuesto costes económicos incomparablemente mayores a las economías europeas que a la estadounidense; el realineamiento comercial hacia China exigido por Washington expone a la industria europea a represalias en mercados de los que depende mucho más que sus competidores transatlánticos. La fragmentación interna —con Polonia y los países bálticos inclinándose hacia una postura de confrontación, Hungría y Eslovaquia manteniendo posiciones divergentes, y Alemania atrapada entre las necesidades de su propia industria y las limitaciones de la alianza— impide el establecimiento de prioridades a largo plazo.
El problema se torna así sistémico. Una región rica y densamente poblada que se rearma militarmente pero carece de voluntad estratégica propia no es un factor de estabilidad. Desde una perspectiva neorrealista, un área dotada de recursos pero sin capacidad autónoma representa un punto de conflicto, no un polo del sistema. Por consiguiente, la subordinación geopolítica no produce necesariamente estabilidad. En determinadas condiciones, genera una peligrosa asimetría entre la responsabilidad estratégica y la capacidad de decisión: Europa paga, acoge, asume riesgos y queda expuesta, pero no decide. Esta es la situación típica de los territorios fronterizos entre imperios, y la historia europea conoce bien el precio que esto conlleva.
Tres trayectorias y una pregunta
Las posibles trayectorias de desarrollo durante la próxima década se pueden resumir en tres, aunque ninguna es definitiva. La primera es la consolidación de la dependencia. La estructura actual se mantiene; el rearme europeo se desarrolla dentro del marco atlántico y beneficia principalmente a la industria de defensa estadounidense; y Europa desempeña un papel predominantemente ejecutivo dentro del sistema occidental. Tal como están las cosas, esta es la trayectoria más probable, ya que es la que requiere menos decisiones.
El segundo factor es la fragmentación. Los intereses nacionales divergen hasta el punto de generar distintas orientaciones estratégicas: un frente oriental alineado directamente con Washington en su postura antirrusia, un núcleo occidental que busca cierto margen de autonomía y una región mediterránea expuesta a presiones del Sur. La Unión sobrevive como espacio económico y regulatorio, pero deja de aspirar —incluso nominalmente— a una política exterior común. Ya se aprecian indicios de esta tendencia: acuerdos bilaterales de defensa que eluden el marco de la UE, posturas divergentes en las votaciones de la ONU y políticas energéticas nacionales contradictorias.
La tercera vía es la reconstrucción de la capacidad de acción política. Requeriría una concepción europea de la seguridad basada en la geografía del continente, en lugar de en las prioridades globales de otro actor; una diplomacia capaz de interactuar con todos los polos emergentes; una economía que reduzca las dependencias críticas en lugar de sustituirlas por otras; y, sobre todo, un centro de toma de decisiones con capacidad para asumir riesgos. Esta es la vía menos probable —y la más importante— porque es la única en la que Europa deja de ser un mero objeto.
Una pregunta sigue abierta: ¿Es posible construir una verdadera autonomía europea sin replantear las categorías políticas y estratégicas sobre las que se fundó la integración continental?
La integración se creó para neutralizar el poder, haciéndolo superfluo entre los europeos y delegándolo hacia el exterior. Pedir a esas mismas instituciones que generen poder implica pedirles que contradigan su propia razón de ser. Un actor puede conservar durante décadas todos los rasgos institucionales de una entidad soberana, perdiendo al mismo tiempo la capacidad de ejercer una influencia geopolítica efectiva. La Europa actual es la demostración más clara de esto.
Que la transición multipolar ofrezca una oportunidad para sanar la división o, por el contrario, consagre su permanencia, dependerá de una decisión que nadie puede tomar en nombre de los pueblos europeos individualmente.
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Nota: Lorenzo Maria Pacini – Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica en la Universidad de los Dolomitas de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacio – Italia
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Fuente e Imagen: https://strategic-culture.su/ – es.euronews.com
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