De la vivienda al orden público: señales de un neofascismo gubernamental en Italia
La mañana en Bolonia comenzó con un desalojo que rápidamente se transformó en símbolo. En via Cherubini, la policía antidisturbios irrumpió para desalojar un piquete antisdesahucio organizado por la Piattaforma di Intervento Sociale (Plat).
Nota: Diario La Humanidad – Alfonso Ossandón – Corresponsalía Milano- Italia
Lo que en principio era la defensa de una familia compuesta por una mujer, un hombre y dos niños se convirtió en un operativo de choque.
Las activistas denuncian que la familia había pagado puntualmente el alquiler, incluido el mes de agosto, pero el contrato de arrendamiento había caducado mientras la asistente social responsable se encontraba de vacaciones. Un vacío administrativo terminó gestionado a golpes de porra.
En un video difundido por Plat se ve a un agente sujetando del cuello a un activista en las escaleras del edificio. La escena, que recuerda más a una acción de represión política que a un trámite civil, revela el grado de violencia con el que las autoridades están enfrentando los conflictos habitacionales.
Plat denunció en un comunicado que las cuestiones sociales no pueden transformarse en cuestiones de orden público. Pero lo que parece estar sucediendo en Italia apunta justamente a lo contrario: la política social se subordina cada vez más a la lógica del control policial.
Este caso no es un episodio aislado, sino una expresión de un patrón más amplio.
En ciudades como Roma, Florencia, Milán y Turín, los desalojos con despliegue de antidisturbios se han vuelto rutinarios. Familias enteras, personas migrantes, jubiladas y trabajadoras precarias enfrentan la amenaza constante de quedar en la calle, mientras el Estado responde no con soluciones habitacionales, sino con escudos, cascos y denuncias penales.
El resultado es una criminalización sistemática del activismo: quienes bloquean un desahucio pacíficamente pueden ser acusados de resistencia a la autoridad, arriesgando multas elevadas y procesos judiciales.
En este contexto emerge lo que algunos colectivos llaman un neofascismo gubernamental.
No se trata de un fascismo clásico, de corte dictatorial, sino de una forma más sutil y adaptada a la democracia liberal: la reducción de los problemas sociales a cuestiones de orden, la equiparación del activismo con el desorden público, la prioridad de la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda. Este neofascismo no se manifiesta con camisas negras ni con marchas paramilitares, sino en la normalización del despliegue policial como respuesta cotidiana a la pobreza y la precariedad.
Es un fascismo de baja intensidad, incrustado en la gestión administrativa y amparado por el discurso de la legalidad.
La raíz del conflicto está en la ausencia de políticas habitacionales efectivas.
Italia es uno de los países europeos con menor parque de vivienda pública, apenas alrededor del cuatro por ciento, frente a países como Austria u Holanda que superan el veinte por ciento. Al mismo tiempo, abundan los inmuebles vacíos, muchos en manos de fondos de inversión o bancos.
La contradicción es brutal: miles de familias en emergencia mientras miles de pisos permanecen cerrados. Ante esa realidad, los movimientos sociales construyen redes de solidaridad y resistencia, pero el Estado, en lugar de escucharlos, los reprime.
Lo ocurrido en Bolonia vuelve a abrir un debate de fondo: qué significa hoy la palabra democracia cuando quienes luchan por el derecho a la vivienda son tratados como delincuentes.
El concepto de neofascismo gubernamental ayuda a describir esta deriva: un sistema que, en lugar de garantizar derechos, fortalece dispositivos de control; que no combate la pobreza, sino que vigila y reprime a los pobres; que convierte la protesta en delito y el derecho en mercancía.
La escena de via Cherubini es, por lo tanto, mucho más que un desalojo local.
Es una fotografía de un país en el que los problemas sociales se gestionan con uniformes, un país en el que la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en terreno de choque entre movimientos sociales y un Estado cada vez más autoritario en sus prácticas cotidianas.
La pregunta que queda abierta es si Italia seguirá recorriendo este camino de neofascismo gubernamental o si la sociedad civil logrará imponer otra lógica, donde el bienestar de las personas pese más que la propiedad y donde la vivienda vuelva a ser reconocida como un derecho básico e inalienable.
Corresponsalía Milano / Alfonso Ossandón Antiquera / © Diario La Humanidad
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