Ejecuciones extrajudiciales en Kurdistán

Crecen las denuncias contra el PJAK por asesinatos sin juicio previo. Los casos de Mohammad Ebrahimi en Kamyaran y Omid Vashoklani en Marivan reavivan el debate sobre derechos humanos, derecho internacional y la responsabilidad de los grupos armados en la región kurda.

Diario La Humanidad

Las recientes muertes de Mohammad Ebrahimi y Omid Vashoklani, reivindicadas por estructuras vinculadas al PJAK, han encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Los hechos ocurridos en Kamyaran y Marivan plantean interrogantes sobre la legalidad de las ejecuciones, el respeto al derecho a la vida y la creciente preocupación por la falta de rendición de cuentas de grupos armados en el Kurdistán iraní.

Medios de comunicación cercanos al PJAK plantea nuevas preguntas sobre el derecho a la vida, la rendición de cuentas y el límite entre la acción militar y la eliminación física de individuos.

El asesinato de Mohammad Ebrahimi en Kamyaran , cuya responsabilidad fue asumida en un comunicado atribuido a un grupo llamado «Juventud Patriótica del Kurdistán» , si bien plantea serias cuestiones legales y humanitarias por sí solo, cuando se combina con otro incidente ocurrido hace apenas unos días en Marivan, revela un panorama más amplio y preocupante.

A finales de mayo de 2026, el brazo militar del PJAK, conocido como YRK, reivindicó oficialmente la autoría del asesinato de Omid Vashoklani en la aldea de Tosuran, Marivan .

En dicho comunicado, no solo aceptó la responsabilidad del homicidio, sino que también elogió a las fuerzas que participaron en la operación.

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La víctima fue acusada de diversos delitos contra la seguridad y la sociedad, pero no se proporcionó ningún documento público, autoridad independiente, proceso de investigación imparcial ni sentencia judicial que corroborara estas acusaciones.

Un patrón similar se observa ahora en el caso de Kamyaran. Se identifica a un individuo acusado de atentar contra la seguridad y colaborar con las autoridades, un grupo armado se atribuye la responsabilidad de su asesinato y, posteriormente, se emite un comunicado que describe la muerte de un ser humano no como un acto que exige rendición de cuentas, sino como el cumplimiento de la justicia. La única diferencia radica en los nombres de quienes emiten el comunicado: en Marivan, la responsabilidad fue reivindicada directamente por las YPG, mientras que en Kamyaran se ha propuesto un nombre menos conocido: la «Juventud Patriótica del Kurdistán».

Sin embargo, en ambos casos, existe un elemento constante: la sustitución del proceso judicial por la decisión de una estructura armada.

Desde la perspectiva del derecho internacional , la mera existencia de cargos por delitos de seguridad o incluso el historial militar de una persona no basta para evaluar la legitimidad de un acto letal. Lo decisivo es la situación del individuo en el momento del ataque. Si una persona se encuentra en medio de un conflicto armado y participa directamente en las hostilidades, la evaluación jurídica estará sujeta a normas diferentes. No obstante, si una persona es atacada fuera del escenario del conflicto, en su vida privada o en una situación ajena al combate, la cuestión se sitúa en un contexto completamente distinto, planteando serias dudas sobre la privación arbitraria de la vida y la ejecución extrajudicial .

Según las afirmaciones publicadas por PJAK, Mohammad Ebrahimi había participado en acciones contra las fuerzas del grupo en el pasado. Aun suponiendo que estas afirmaciones sean ciertas, dicho historial no basta para legitimar su muerte. En el derecho internacional humanitario , la legitimidad de atacar a una persona depende de su situación en el momento del ataque, no simplemente de antecedentes o acusaciones. Lo particularmente significativo en el caso de Kamyaran es que la persona en cuestión era un hombre mayor y, según la información publicada, fue atacada en su domicilio o entorno civil, no durante un conflicto armado abierto. Si esta versión es cierta, el asunto deja de ser una supuesta operación militar para convertirse en una cuestión relacionada con el derecho a la vida y la prohibición de la privación arbitraria de la vida.

Estas similitudes plantean una pregunta importante: ¿Estamos ante dos incidentes independientes o ante un patrón recurrente en el que la acusación, el juicio y la sentencia tienen lugar dentro de estructuras no judiciales y que no rinden cuentas a nadie?

En el derecho internacional, la respuesta a esta pregunta no es meramente un debate teórico. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza el derecho a la vida como el derecho humano más fundamental. Ningún individuo ni grupo, independientemente de sus objetivos políticos, militares o ideológicos, tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de seres humanos basándose en valoraciones internas o alegaciones infundadas. Incluso en situaciones de conflicto armado, se aplican los principios fundamentales del derecho humanitario y las normas mínimas de un juicio justo.

Lo que suscita preocupación no es solo la ocurrencia de estos asesinatos, sino el intento de legitimarlos mediante un lenguaje que sustituye la palabra «castigo» por conceptos como juicio, procedimiento judicial y prueba de culpabilidad. En ambos casos, el público se enfrenta al mensaje de que un grupo armado no solo se considera competente para determinar la culpabilidad, sino que también reclama el derecho a ejecutar la sentencia. Es precisamente aquí donde se desdibuja la línea entre justicia y venganza, y entre el estado de derecho y la ley de las armas.

Desde una perspectiva humana, lo que no se ve en las declaraciones son las familias que han sufrido la muerte de sus seres queridos. En la literatura oficial de los grupos armados, las víctimas suelen ser reducidas a una serie de etiquetas políticas o de seguridad: «traidor», «agente enemigo», «colaborador del gobierno» o títulos similares.

Pero detrás de cada una de estas palabras hay un ser humano que nunca ha tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones formuladas. Eliminar el derecho a la defensa es, en efecto, eliminar una parte de la dignidad humana, un principio que constituye la base del sistema contemporáneo de derechos humanos.

Los casos de Marivan y Kamyaran también ponen de relieve la cuestión de la rendición de cuentas. En los últimos años, Kurdistán Human Rights Watch de Irán ha alertado en diversos informes sobre casos de niños soldados, muertes sospechosas en campamentos de grupos armados, desapariciones de miembros, negación del acceso de las familias a la información y restricciones a la retirada de tropas de las estructuras militares.

Un rasgo común en muchos de estos casos ha sido la falta de un mecanismo independiente de investigación, seguimiento y rendición de cuentas.

Las dos recientes declaraciones no son meras expresiones de responsabilidad por las dos operaciones; plantean la cuestión de dónde se traza la línea entre la acción militar en el contexto de hostilidades y la eliminación física de individuos fuera de la zona de conflicto. Cuanto más se aleja una operación del conflicto directo y se dirige contra individuos en entornos no bélicos, mayor es la necesidad de rendición de cuentas y de una revisión jurídica independiente.

Si esta tendencia continúa sin investigación ni rendición de cuentas, aumentará el riesgo de normalizar la violencia política en la sociedad kurda; una violencia cuyas víctimas finales no serán ni gobiernos ni organizaciones, sino ciudadanos comunes y familias atrapadas en un ciclo de miedo, venganza e injusticia.

La pregunta principal sigue siendo: ¿Están dispuestos los grupos que se identifican como defensores de la libertad, la justicia y los derechos humanos a reconocer el mismo derecho a la vida y a un juicio justo que exigen para sí mismos, para sus oponentes, críticos e incluso para los acusados?

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