Allanamientos, represalias, investigaciones: ¿Qué está pasando entre los servicios de inteligencia ucranianos y la Oficina Anticorrupción?
Los recientes acontecimientos en Ucrania no tienen que ver únicamente con la corrupción interna: también están íntimamente vinculados con la antigua búsqueda de venganza política de Trump.
Diario La Humanidad
Ucrania atraviesa actualmente una grave crisis política interna que sacude la agenda nacional. El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) realizó redadas en al menos 15 puntos del país contra la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). Estas operaciones se interpretan como un enfrentamiento interinstitucional, y funcionarios de la NABU han sido acusados de presunta cooperación con Rusia.
Según el SBU, un oficial de la unidad de élite «D-2» de la NABU presuntamente filtró información confidencial de agencias de seguridad ucranianas a Rusia a cambio de un pago. El Servicio de Seguridad afirma que el individuo era un agente ruso y declaró que la dirección de la NABU había sido advertida previamente, pero no tomó las medidas necesarias.
Entre las personas cuyas propiedades fueron registradas se encuentra Ruslan Magamedrasulov, detective sénior de la NABU. Se ha señalado que Magamedrasulov es de origen daguestaní y que su padre es ciudadano ruso. También han surgido acusaciones que lo acusan de participar en el tráfico encubierto de cannabis. Como parte de la investigación, se informó que su madre, residente en Kiev, recibe una pensión de la República Popular de Donetsk (RPD), respaldada por Rusia, y comparte contenido prorruso en redes sociales.
El SBU afirma que Magamedrasulov provocó una grave vulneración de la seguridad en la NABU al compartir información sobre sus operaciones secretas con otros servicios de inteligencia ucranianos. También se alega que colaboró con Fedor Khrystenko, exmiembro del proscrito partido prorruso Plataforma de Oposición Por la Vida (OPZZh), quien, según se informa, aún mantiene influencia en la NABU.
Fuerte respuesta de NABU y SAPO
Por otro lado, la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) emitieron enérgicas declaraciones condenando las operaciones del SBU. Ambas instituciones afirmaron que los allanamientos se llevaron a cabo con fuerza y sin autorización judicial. Sus declaraciones advirtieron que tales intervenciones ponen en peligro las investigaciones encubiertas en curso, exponen casos delicados y sabotean el proceso anticorrupción.
Otro detalle destacable es que la mayoría de las redadas ocurrieron mientras los jefes de la NABU y la SAPO se encontraban en el extranjero. Este hecho ha dado lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que las operaciones se programaran deliberadamente para cuando figuras clave se encontraban fuera del país.
Respaldo parlamentario a las operaciones
Mientras Ucrania todavía debatía las redadas de la NABU, una nueva ley fue aprobada en el parlamento y despojó efectivamente a la NABU y al SAPO de su independencia.
La nueva legislación amplía la autoridad del Fiscal General sobre las investigaciones dirigidas por la NABU y los procesos llevados a cabo por la SAPO.
Sorprendentemente, el proyecto de ley fue aprobado por el comité parlamentario, votado en la asamblea general, firmado por el presidente Ruslan Stefanchuk y promulgado, todo en el mismo día, un proceso legislativo extraordinariamente rápido.
Con la nueva ley, el Fiscal General puede ahora dar órdenes a los investigadores de la NABU o reasignar sus investigaciones a otras agencias. También tiene la facultad de delegar la autoridad de la SAPO a otros fiscales.
Además, el Fiscal General puede cerrar las investigaciones de la NABU a petición de la defensa.
El proyecto de ley fue aprobado con el apoyo de 263 diputados, mientras que 13 votaron en contra y otros 13 se abstuvieron. La ley se ha remitido al presidente Volodymyr Zelensky para su firma. Si bien Zelensky tiene la facultad de vetar el proyecto de ley, no se espera que lo haga.
Esto es así especialmente porque el nuevo Fiscal General es Ruslan Kravchenko, conocido por su cercanía al Presidente Zelensky.
¿Qué significa la ley?
De implementarse, estos cambios legales podrían potencialmente bloquear investigaciones sobre individuos e instituciones cercanas al Presidente.
Antes de la votación, NABU advirtió que:
Estos cambios destruirán la independencia de la NABU y la SAPO y subordinarán sus operaciones al Fiscal General. La infraestructura anticorrupción de Ucrania, construida desde 2015, será desmantelada.
El director de la NABU, Semen Kryvonos, criticó duramente la ley, afirmando que supone una amenaza para la “integración euroatlántica” de Ucrania.
La única figura del bloque gobernante que se opuso a la ley fue Anastasiia Radina, presidenta del Comité Parlamentario de Política Anticorrupción.
Dirigiéndose a sus compañeros diputados, Radina dijo:
«No se engañen ni engañen al público. Esta no es una enmienda menor para ampliar las facultades del Fiscal General; es el desmantelamiento de la NABU y la SAPO».
La raíz del conflicto
La guerra contra las instituciones anticorrupción de Ucrania no es nueva. Por ejemplo, en 2022, el presidente de la Cámara de Cuentas de Ucrania, Valeriy Patskan, fue destituido poco después de comenzar a investigar cómo se gastaban miles de millones de dólares en ayuda occidental.
Patskan había anunciado planes para auditar las fuerzas armadas y policiales en coordinación con la NABU. Poco después, enfrentó acusaciones penales y renunció a su cargo.
Esta crisis política en Ucrania es también —como casi todas las grandes crisis políticas del país— un reflejo del conflicto más amplio entre Donald Trump y la familia Biden.
¿Qué es NABU?
La NABU, ahora bajo asedio, se fundó hace diez años. Se creó en 2015, tras el golpe de Estado de Maidán de 2014 que alteró radicalmente la trayectoria política de Ucrania, supuestamente para combatir la corrupción.
Lo que hace única a NABU es que se creó con el apoyo directo del gobierno estadounidense. Se financió mediante subvenciones de la Embajada de EE. UU. en Kiev, operó en estrecha coordinación con la embajada en la toma de decisiones y fue supervisada inicialmente por la representante del FBI, Karen Greenway, con sede en la embajada.
En este entorno, la NABU se convirtió en la institución central para llevar a cabo investigaciones de corrupción en Ucrania, suplantando a los órganos judiciales tradicionales y sirviendo como herramienta de facto de la influencia estadounidense.
Un ejemplo sorprendente de esta relación surgió en 2017. En grabaciones de audio filtradas, el exjefe de NABU Artem Sytnyk admitió que durante las elecciones estadounidenses de 2016 había recibido órdenes de la embajada de Estados Unidos de registrar las casas y oficinas de los aliados ucranianos de Donald Trump en busca de pruebas potencialmente incriminatorias que favorecieran a Hillary Clinton.
NABU y Burisma
Para comprender mejor el papel de NABU, es importante recordar el escándalo de corrupción de Burisma. Bajo el destituido presidente prorruso Viktor Yanukovych, Burisma, la mayor compañía de gas natural de Ucrania, ya estaba siendo investigada internacionalmente por corrupción y blanqueo de capitales.
Durante este periodo, Hunter Biden, hijo de Joe Biden, se incorporó a la junta directiva de Burisma con un salario mensual de 50.000 dólares.
Otros miembros de la junta incluyeron al ex presidente polaco Aleksander Kwaśniewski y a Devon Archer, director de campaña del entonces secretario de Estado John Kerry durante las elecciones estadounidenses de 2004.
Mientras el entonces fiscal general ucraniano, Viktor Shokin, investigaba esta red de relaciones, la familia Biden, actuando en nombre de la administración Obama, presionó al gobierno ucraniano para que destituyera a Shokin de su cargo.
Finalmente, tras el golpe de Estado de Maidán en 2014, el entonces presidente Petro Poroshenko accedió a las exigencias de Estados Unidos y la investigación que involucraba a funcionarios estadounidenses fue entregada a la NABU, la misma agencia creada y financiada por Estados Unidos.
¿Dónde entra Trump?
Todos estos eventos están directamente relacionados con las rivalidades políticas dentro de Estados Unidos. De hecho, el primer proceso de destitución de Trump estuvo directamente relacionado con la familia Biden y la NABU.
Ese proceso comenzó con una llamada telefónica en julio de 2019 entre el entonces presidente Trump y el recién elegido presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Trump fue acusado de «buscar ayuda de un país extranjero para obtener beneficios políticos personales» y de «abuso de poder», lo que condujo a su destitución por parte de la Cámara de Representantes. Posteriormente, fue absuelto por el Senado y permaneció en el cargo.
En el centro de la llamada telefónica estuvo la solicitud de Trump de que Zelensky reabriera la investigación relacionada con Biden que había sido cerrada bajo el gobierno de Poroshenko, supuestamente a instancias de NABU.
Por lo tanto, no sería una exageración decir que los recientes acontecimientos en Ucrania no tienen que ver simplemente con la corrupción interna: también están íntimamente vinculados con la búsqueda de larga data de Trump de venganza política.
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Fuente e Imagen: strategic-culture.su – NTB
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