Meloni despilfarra mil millones en deportaciones
Mientras Italia enfrenta crisis sanitaria y laboral

El escenario político y social en Italia está marcado por fuertes contradicciones y tensiones que reflejan tanto las políticas migratorias del gobierno como la situación interna del país.
NOTA: Alfonso Ossandón, Diario la Humanidad
Milano – Italia
Un ejemplo reciente es la criticada decisión del gobierno de Giorgia Meloni de destinar casi mil millones de euros a la creación de centros de deportaciones en Albania, en lo que la oposición considera un despilfarro de recursos en detrimento de servicios esenciales como la sanidad.
Según denuncias de la líder del Partido Democrático (PD), Elly Schlein, y otros opositores, el gasto en estos centros, como el de Gjader, es un intento costoso y poco transparente de trasladar la gestión migratoria fuera de las fronteras italianas, en contravención de los derechos humanos y de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Esta sentencia cuestiona la validez del acuerdo con Albania, ya que establece que un país debe ser considerado completamente seguro para que se realicen deportaciones, lo que pone en jaque la legalidad de las políticas italianas de repatriación.
El PD ha presentado varias interrogaciones parlamentarias para exigir transparencia sobre los costos del traslado de los primeros 16 migrantes a Albania, provenientes de Bangladesh y Egipto, así como sobre las irregularidades en los procesos de adjudicación de los contratos para la construcción de las instalaciones migratorias en ese país.
El senador Stefano Graziano calificó la operación como un desperdicio de dinero que podría haberse invertido en reforzar el debilitado sistema sanitario italiano, afectado por años de recortes y el impacto de la pandemia.
Crisis en el sistema de salud y la mano de obra en Italia
La situación sanitaria en Italia es preocupante, con listas de espera que se alargan y una creciente falta de personal médico, en un contexto donde cada vez más personas se ven incapaces de acceder a cuidados básicos. Esta realidad contrasta con el gasto desmesurado en las políticas migratorias externas, lo que ha generado fuertes críticas hacia el gobierno.
Schlein y otros han subrayado que los recursos destinados a los centros en Albania podrían haberse utilizado para contratar personal médico o reducir el tiempo de espera en los hospitales.
La crisis en el mercado laboral italiano también es notable. Italia enfrenta una escasez de trabajadores en varios sectores clave, lo que se agrava por la baja natalidad, una de las más bajas de Europa, y el envejecimiento acelerado de la población. A pesar de estas necesidades, el gobierno ha optado por políticas migratorias restrictivas y selectivas, que limitan la entrada de migrantes no europeos o que no cumplen con ciertos requisitos, como ser varones y no vulnerables.
La juventud italiana y el auge de los psicofármacos
Otro aspecto alarmante es la situación de los jóvenes italianos. En lugar de ser integrados en el mercado laboral, muchos enfrentan altos niveles de desempleo y precariedad. Esto ha llevado a un aumento preocupante en el consumo de psicofármacos, recetados cada vez más por psiquiatras como respuesta a la crisis de salud mental que afecta a la juventud.
Estos problemas reflejan un malestar profundo en la sociedad italiana, que no encuentra salida ni en las políticas de empleo ni en el sistema educativo.
Migración selectiva y racismo estructural
Frente a esta realidad interna, el gobierno italiano parece estar propiciando una política migratoria selectiva y, según críticos, abiertamente racista. Mientras se endurecen las medidas para migrantes provenientes de países considerados «no seguros» o de origen no europeo, hay indicios de que Italia, junto con otros países europeos como Reino Unido y Países Bajos, se está preparando para recibir a funcionarios del círculo cercano al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, como parte de un posible plan de escape en caso de un desenlace desfavorable en el conflicto con Rusia.
Esta migración «blanca» y selectiva es vista por algunos como una señal de que el gobierno italiano prioriza a ciertos grupos en detrimento de otros, lo que refuerza las acusaciones de racismo estructural en la política migratoria de Meloni. Esta preferencia por migrantes europeos o de «países seguros» refuerza la narrativa de que solo ciertos perfiles migratorios son bienvenidos en Italia, mientras que los que provienen de África, Asia o América Latina enfrentan barreras mucho más altas.
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