Bukele y la hipocresía selectiva de la “democracia” occidental
Esta semana, el Parlamento de El Salvador con mayoría oficialista y sumiso al Ejecutivo aprobó una reforma que habilita la reelección presidencial indefinida, allanándole el camino a Nayib Bukele para perpetuarse en el poder.
NOTA: Andrés silva, Diario la Humanidad
Montevideo – Uruguay
Aunque maquillada bajo una retórica de “voluntad popular” y “modernización democrática”, esta decisión evidencia la consolidación de un proyecto autoritario con respaldo institucional, mediático y financiero internacional. Pero más allá del hecho en sí, lo que aquí merece una lectura profunda es la manera en que el sistema internacional decide a quién señalar como dictador y a quién premiar como moderno reformista.
Bukele, que ya había sido habilitado por una Corte Suprema colocada a dedo tras el golpe técnico al Poder Judicial en 2021, goza de una impunidad narrativa casi absoluta. Medios hegemónicos como The New York Times, CNN o El País dedican tímidos párrafos al tema, con una crítica blanda, técnica, carente de los calificativos con los que se suele machacar a Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba para criminalizar esos gobiernos con fines divisionistas y muchas veces golpistas. ¿Cuál fue la reacción cuando en algunos países no afines a los intereses de Estados Unidos plantearon el tema?
La respuesta está servida, portada de todos los diarios, condenas de la OEA, pronunciamientos de Washington, sanciones económicas, llamados a la “restauración democrática”. Sin embargo, con Bukele, la tolerancia roza el elogio. Se le aplaude su “mano dura”, su “lucha contra las maras”, su supuesta eficiencia. Su imagen circula como la de un outsider exitoso que “puso orden”, y no como lo que es, un presidente que ha vaciado las instituciones, militarizado la política, criminalizado la oposición y ahora va por la eternidad en el cargo.
Lo que no dice nadie es que la Constitución de Venezuela contempla mecanismos democráticos de control popular, como el referéndum revocatorio, establecido en el artículo 72. Este artículo permite que, una vez transcurrida la mitad del período presidencial, la ciudadanía pueda convocar un referéndum para revocar el mandato del presidente mediante voto directo. Es decir, no solo existe una vía legal para remover a un gobernante, sino que está basada en la voluntad soberana del pueblo, algo que en muchos países que se autoproclaman democráticos ni siquiera está previsto.
El autoritarismo de Bukele no es nuevo ni sutil, en febrero de 2020, en un hecho sin precedentes desde el fin de la guerra civil, el presidente salvadoreño irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado por militares armados para presionar a los diputados a aprobar un préstamo para seguridad. Aquella escena, digna de una dictadura de facto, marcó un punto de quiebre en la democracia salvadoreña y dejó claro que Bukele no tendría reparos en utilizar al Ejército para imponer su voluntad.
Desde entonces, bajo el pretexto de la “guerra contra las pandillas”, se instauró un régimen de excepción permanente que ha permitido detenciones masivas sin orden judicial, sin debido proceso y con denuncias generalizadas de torturas y desapariciones. Aunque se presenta como una ofensiva contra las maras, lo cierto es que entre los más de 80.000 encarcelados hay centenares de personas inocentes, incluyendo activistas sociales, opositores políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que simplemente viven en barrios estigmatizados, la represión no distingue entre criminales y críticos.
El doble estándar es estructural, no accidental. No se castiga el autoritarismo como tal, sino que se tilda de autoritarismo a quien desafía los intereses de Estados Unidos y las élites transnacionales. Por eso se persiguió a Evo Morales cuando intentó reelegirse, incluso pese a haber ganado en las urnas. Por eso se bloquea a Venezuela con sanciones brutales, incluso cuando hay elecciones observadas. Por eso se invisibiliza el terrorismo de Estado en Colombia con Álvaro Uribe entre otros y se bendicen regímenes como el de Piñera en Chile cuando reprimió al pueblo con semejante brutalidad.
Bukele no solo no será llamado dictador, será invitado a foros empresariales, premiado por think tanks conservadores, elogiado por el FMI por su “modernización financiera” y mimado por Silicon Valley por sus apuestas en criptomonedas. Se construye así un nuevo modelo de caudillo neoliberal cool y autoritario, ideal para el orden global, controla con puño de hierro, pero no toca los intereses del capital.
Las preguntas se acumulan, pero las respuestas ya parecen escritas de antemano: ¿Condenará la comunidad internacional este nuevo paso hacia la reelección indefinida en El Salvador? ¿La Unión Europea, tan diligente al emitir comunicados contra Venezuela o Nicaragua, alzará la voz ahora? ¿Convocará la OEA una sesión de urgencia para analizar la degradación institucional salvadoreña, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones con gobiernos progresistas del continente? ¿Se atreverá el Departamento de Estado de EE.UU. a calificar a Bukele como un gobernante autoritario, pese a sus acuerdos en materia de colaboración, de seguridad regional y control migratorio? (Que dicho sea de paso, ese acuerdo termino con cientos de venezolanos secuestrados en el campo de concentración de Bukele)
Todo indica que no. El caso salvadoreño reafirma lo que ya sabemos, que las grandes potencias y los organismos multilaterales no reaccionan ante el quebranto democrático en función de principios, sino de intereses. La democracia no es un valor universal para ellos, sino una herramienta instrumental, se defiende o se pisotea según quién gobierne y a qué modelo económico responda. Así, mientras a unos se les exige pureza institucional absoluta, a otros se les permite militarizar el país, encarcelar sin juicio y perpetuarse en el poder sin que nadie les diga dictadores.
El silencio cómplice que rodea a Bukele nos recuerda que, en este sistema, la democracia no se mide por el respeto al pueblo, sino por la obediencia al imperio.
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