Bolsonaro condenado
Memoria, justicia y la encrucijada democrática de Brasil
La condena reciente a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado
representa un momento decisivo en la historia democrática de Brasil. No es
un hecho aislado, debe leerse desde el contexto del golpe parlamentario
contra Dilma Rousseff en 2016, del encarcelamiento y posterior absolución de Luiz Inácio Lula da Silva, del asesinato político de Marielle Franco, y del asalto a las instituciones el 8 de enero de 2023.
NOTA: Andrés Silva, Diaro la Humanidad
Montevideo, Uruguay
Estamos frente a una trama de impunidad, violencia política y manipulación judicial
que explica el presente brasileño. Y al mismo tiempo, frente a una oportunidad
histórica, reafirmar la democracia en un país atravesado por profundas tensiones
sociales y raciales.
El golpe parlamentario: la democracia en suspenso
En 2016, el Senado destituyó a Dilma Rousseff, presidenta electa del Partido de
los Trabajadores (PT), por las llamadas pedaladas fiscales. En ese momento la
derecha continental comenzó a aplicar a los gobiernos progresistas una nueva
modalidad de golpe de estado, los Golpes Blandos y el golpe parlamentario
como herramienta o la judicialización de los referentes de la izquierda. El
procedimiento debilitó al sistema democrático y abrió paso a una agenda
neoliberal y autoritaria que deslegitimó las instituciones.
Ese episodio marcó el inicio de una grieta institucional que permitiría el ascenso
de Jair Bolsonaro, ex capitán del Ejército y diputado que, desde el Congreso, se
había convertido en portavoz de la extrema derecha, con un discurso militarista,
racista y anti-PT.
Lula: de la prisión a la presidencia otra vez
En 2017, Lula fue condenado por el juez Sergio Moro en el marco de la
operación Lava Jato. En 2018 ingresó en prisión y cumplió 580 días de condena,
lo que lo inhabilitó de facto para participar en las elecciones presidenciales que
terminaría ganando Bolsonaro.
La prisión de Lula simbolizó el uso político de la justicia, procesos plagados de
irregularidades, competencia dudosa de tribunales y un juez parcial que más tarde
sería ministro de Justicia del propio Bolsonaro.
En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas, reconociendo las
violaciones procesales. Lula recuperó sus derechos políticos y regresó a la
presidencia en 2023. La secuencia es reveladora: mientras un líder popular fue
encarcelado con pruebas insustanciales, el verdadero intento de golpe institucional
se gestaba en el círculo bolsonarista.
Marielle Franco: la violencia como mensaje
En marzo de 2018, la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, mujer negra,
lesbiana y defensora de los derechos humanos, fue asesinada en un crimen que
sacudió al país. Su figura encarnaba la lucha contra la violencia policial y el
racismo estructural.
Aunque los autores materiales fueron condenados, la pregunta persiste: ¿quién
ordenó su asesinato? Las conexiones entre milicias, policías y políticos siguen
generando sospechas. El asesinato de Marielle reveló la estrecha relación entre
violencia política y poder institucional, y adelanto el clima de impunidad y
brutalidad que caracterizaría la era Bolsonaro.
El 8 de enero y la conspiración golpista
El desenlace llegó en 2023, tras la derrota de Jair Bolsonaro frente a Lula. El 8 de
enero, miles de sus seguidores asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal
Federal y el Palacio de Planalto. La operación tenía un objetivo: crear el caos
suficiente para habilitar una intervención militar que anulara los resultados
electorales.
Las investigaciones posteriores demostraron la implicación de Bolsonaro y de su
entorno en la planificación del golpe. Mensajes, reuniones, discursos y presiones a
las Fuerzas Armadas mostraron que no se trataba de un movimiento espontáneo,
sino de una conspiración coordinada.
27 años y tres meses de prisión
El Supremo Tribunal Federal condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses
de prisión por pertenecer a una organización criminal y por conspirar contra el
Estado democrático. Es la primera vez en la historia brasileña que un expresidente
recibe una pena de tal magnitud por atentar contra la democracia.
El fallo envía un mensaje contundente: en Brasil, la voluntad popular expresada
en las urnas no es negociable. Sin embargo, la condena no elimina los riesgos de
polarización. Para millones de seguidores, Bolsonaro seguirá siendo un líder
carismático perseguido por las élites.
Significado político y social
La condena debe interpretarse en varias dimensiones:
Institucional: demuestra que el poder judicial puede imponer límites
incluso a quienes concentran poder político y militar.
Histórica: responde a un ciclo de impunidad abierto en 2016 con el
impeachment a Dilma y reforzado con la prisión de Lula.
Política: fortalece al gobierno de Lula, aunque no neutraliza el
bolsonarismo, que puede radicalizarse en la oposición.
Social: ofrece un respiro a quienes luchan por los derechos humanos, pero
la verdadera reparación vendrá con políticas concretas contra el racismo, la
violencia policial y la desigualdad estructural.
¿Un punto de inflexión?
La historia reciente de Brasil muestra dos caras de la justicia, la que encarceló a
Lula sin pruebas y la que hoy condena a Bolsonaro con evidencias sólidas. Esa
dualidad revela tanto la fragilidad como la capacidad de regeneración de las
instituciones brasileñas.
La pregunta es si esta condena será un acto aislado o el inicio de un proceso de
democratización más profundo. Brasil necesita más que una sentencia: requiere
memoria, verdad y políticas de justicia social.
Solo así podrá cerrar el ciclo abierto
con el golpe parlamentario de 2016 y evitar que la sombra del autoritarismo
vuelva a oscurecer su democracia.
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