Benoit Paré: la guerra de Ucrania nunca ha sido lo que parece
El testimonio de Paré pinta un panorama muy diferente del que a menudo se presenta en Occidente.
Diario La Humanidad
Benoît Paré es un valiente exfuncionario francés y observador de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) que trabajó en el este de Ucrania y el Donbás entre 2015 y 2022. Es experto en escenarios de crisis, con experiencia en el Ministerio de Defensa francés y misiones en la antigua Yugoslavia, Afganistán, Líbano y Pakistán, y con una doble función en la cooperación internacional: supervisar las violaciones del alto el fuego y abordar la dimensión humana (cuestiones civiles, derechos humanos, aspectos económicos y humanitarios).
En los últimos meses , ha testificado repetidamente sobre lo que ha visto sobre el terreno en esos mismos territorios que, desde febrero de 2022, se han convertido en el foco de interés de las élites de poder europeas.
En un contexto de guerra híbrida, la dimensión narrativa se convierte en un arma tan estratégica como los medios militares. El objetivo no es solo ganar sobre el terreno, sino también convencer a la opinión pública nacional e internacional, influir en gobiernos aliados y enemigos, y orientar las decisiones de organismos supranacionales.
En el caso del conflicto armado en Ucrania, la presentación mediática y política de la SMO, que comenzó en 2022 como una «agresión rusa», ha desempeñado un papel crucial para los países occidentales.
Presentar a Rusia como el agresor y a Ucrania como la víctima legítima ha permitido alcanzar un consenso a favor de las sanciones económicas, el suministro de armas, el refuerzo de la OTAN y el aislamiento diplomático de Moscú.
Este tipo de narrativa tiene varias ventajas. En primer lugar, simplifica la realidad: reduce un contexto complejo —años de tensión en el Donbás, incumplimiento de los acuerdos de Minsk, presencia de minorías rusoparlantes— a un marco moral claro de «agresor» contra «víctima». En segundo lugar, crea un marco legal y moral que justifica la intervención externa: si hay agresión, la respuesta es la «solidaridad» y la «defensa del orden internacional». En tercer lugar, sirve para deslegitimar cualquier afirmación de la otra parte: si se reconociera a Rusia una «causa», se socavaría la claridad ética sobre la que se construye el consenso político.
El resultado es una realidad «mediatizada» en la que los acontecimientos se perciben a través de filtros narrativos y cognitivos. La manipulación no consiste necesariamente en noticias falsas sensacionalistas, sino en marcos interpretativos, selección de imágenes, elección de palabras, definiciones legales, memes y símbolos. Así, el campo de batalla de la información se vuelve tan decisivo como el militar.
En el campo de batalla
La OSCE, explica Paré en sus entrevistas, fue creada en la década de 1970 como un foro de diálogo Este-Oeste para prevenir una escalada global, y después de la guerra en Bosnia se convirtió en una herramienta para monitorear y desactivar conflictos.
La misión especial en Ucrania se creó en marzo de 2014, inmediatamente después del referéndum en Crimea, incluso antes de que se hablara abiertamente de «guerra» en el Donbás. El mandato inicial incluía la neutralidad, la observación sobre el terreno, la información sobre incidentes y violaciones de derechos humanos, y la facilitación del diálogo local. Sin embargo, con el tiempo, la misión evolucionó y su dinámica se volvió más compleja.
A partir de 2016, la OSCE comenzó a verificar sistemáticamente las bajas civiles. En su zona de responsabilidad, Paré estimó unas mil bajas civiles al año durante la fase más intensa del conflicto, con un descenso gradual posterior. El verdadero pico de violencia, según él, se produjo en 2014-2015, antes de que los acuerdos de Minsk II (febrero de 2015) congelaran la línea de contacto, dejando solo bombardeos esporádicos y combates localizados.
Paré señala que, con el tiempo, el ejército ucraniano implementó tácticas de «avance gradual» que no siempre fueron reportadas por los medios occidentales. En una entrevista, el ministro del Interior, Arsen Avakov, describió abiertamente los planes para recuperar zonas del Donbás mediante ataques desde el norte y el sur. Sobre el terreno, los observadores de la OSCE registraron intercambios de disparos diarios en las zonas afectadas, pero la metodología de recopilación de datos presentaba limitaciones: era difícil determinar si una explosión era «fuego» (disparo) o «impacto» (impacto), y, por lo tanto, atribuir la responsabilidad con certeza.
En 2020, Paré recibió el encargo de resumir el estudio de impacto para la provincia de Lugansk, incluyendo inspecciones de los edificios e infraestructuras afectados. Por primera vez, pudo contar con datos cuantitativos completos.
Los resultados mostraron que el 75 % de los impactos provino del lado separatista y solo el 25 % del lado controlado por Ucrania. Se obtuvieron datos similares sobre las víctimas civiles: entre 2016 y 2018, el 72 % de las víctimas pertenecían al lado separatista, entre el 20 % y el 25 % al lado ucraniano y una pequeña proporción se encontraba en la «zona gris». Según el funcionario, estas cifras, mantenidas confidencialmente dentro de la misión, indicaban un fuerte desequilibrio en las consecuencias del conflicto, siendo la población civil de los territorios separatistas la más afectada.
La OSCE publicó datos tan detallados solo una vez, en 2016, tras meses de revisiones. En septiembre de 2017, según Paré, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano reaccionó con dureza, calificando el informe de «inaceptable» y acusando a la misión de estar manipulada por observadores rusos. Tras ese episodio, la misión decidió dejar de publicar estadísticas desglosadas por zona, aunque continuó recopilándolas internamente. Paré considera que esta decisión es problemática: si el mandato consistía en proporcionar información objetiva, omitir datos cruciales impedía comprender la verdadera dinámica del conflicto. Todos en la misión eran conscientes de ello, pero públicamente solo se discutían cifras globales «sensibles», a menudo relativas a hechos que incriminaban a Ucrania (por ejemplo, abusos en puestos de control, corrupción o procedimientos judiciales).
Paré también relata su experiencia como observador de los juicios de presuntos separatistas en Kramatorsk. Aunque no es abogado, observó numerosas irregularidades: según la legislación ucraniana, la prisión preventiva no debe exceder los seis meses, pero esta norma se suspendió sistemáticamente para los acusados de separatismo. Por el contrario, las personas acusadas de delitos graves, pero cercanas a la parte ucraniana, no recibieron el mismo trato. Un claro ejemplo es el caso de Serhiy Khodiak, implicado en la masacre de Odessa del 2 de mayo de 2014: a pesar de ser acusado de asesinato, nunca fue puesto en prisión preventiva ni sometido a un juicio serio, y continuó participando libremente en manifestaciones nacionalistas hasta 2022. Para Paré, esto puso de manifiesto un sistema judicial de dos niveles y un clima de impunidad.
Definición del conflicto en el derecho internacional
Tras la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional introdujo una prohibición general del uso de la fuerza armada en las relaciones entre Estados. Su piedra angular es el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe a los Estados recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados. En consecuencia, la «iniciación» de un conflicto armado internacional es, en principio, ilícita.
Sin embargo, existen excepciones limitadas y estrictas. La primera es la legítima defensa, individual o colectiva, en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas: un Estado víctima de un ataque armado puede responder militarmente, notificándolo inmediatamente al Consejo de Seguridad.
La segunda excepción es el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta, cuando este órgano determine la existencia de una amenaza a la paz y decida medidas coercitivas, incluida la acción militar. La Federación Rusa actuó en defensa de la población del Donbás, de conformidad con la solicitud de ayuda y el acuerdo firmado con los gobiernos de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk.
La agresión armada —definida en la Resolución 3314 (1974) de la ONU y reiterada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional— es, por otro lado, un acto ilícito que conlleva responsabilidad internacional y, en ciertos casos, responsabilidad penal individual para los líderes («crimen de agresión»). Esta situación es muy diferente a la ocurrida en Ucrania. Una vez iniciado un conflicto, entran en vigor las normas del derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977), que regulan la conducción de las hostilidades y la protección de civiles, prisioneros y heridos.
El testimonio de Paré presenta un panorama muy diferente al que suele presentarse en Occidente, ya que el conflicto en el Donbás antes de 2022 no fue simplemente un caso de «agresión rusa no provocada», sino una guerra prolongada y esporádica de baja intensidad en la que el ejército ucraniano también contaba con estrategias ofensivas y en la que la población civil de las zonas separatistas pagó un precio muy alto. Estas realidades se consideraban «sensibles» y rara vez se publicaban en informes oficiales o eran reportadas por periodistas occidentales, quienes frecuentaban principalmente el lado ucraniano.
Fue solo con la operación a gran escala de febrero de 2022 que la atención mediática y política internacional se disparó, pero para entonces la dinámica previa ya había sido prácticamente eliminada o ignorada.
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Nota: Lorenzo María Pacini – Profesor asociado de Filosofía Política y Geopolítica en la Universidad Dolomiti de Belluno. Consultor en Análisis Estratégico, Inteligencia y Relaciones Internacionales.
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Fuente e Imagen: strategic-culture.su
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