Alemania castiga la pobreza: desempleo, hambre y el desmantelamiento del Estado de bienestar
Nuevas políticas de austeridad convierten al desempleado en un sancionado social, erosionando los derechos humanos y la dignidad en la principal economía de Europa.
Nota: Diario La Humanidad – Alfonso Ossandon
Corresponsalia – Milano – Italia
Alemania, históricamente símbolo del Estado de bienestar europeo, avanza hacia un modelo punitivo donde el desempleo puede significar hambre, exclusión social y pérdida total de derechos básicos. Bajo el discurso de la disciplina laboral y la austeridad económica, millones de personas en situación de pobreza enfrentan sanciones extremas que ponen en cuestión la dignidad humana, los derechos sociales y el futuro del sistema democrático en Europa.
Alemania: castiga con hambre a los pobres
Alemania, durante décadas presentada como el pilar del bienestar social europeo, atraviesa una transformación silenciosa y profunda: la pobreza ya no es un problema a resolver, sino una conducta a sancionar. En nombre de la “disciplina laboral” y la austeridad, el Estado alemán avanza hacia un modelo en el que perder el empleo puede significar perder también el derecho a comer, a un techo y a la atención médica.
Según la Asociación Paritaria de Bienestar Social, entre 15.5 y 18 por ciento de la población vive hoy por debajo del umbral de la pobreza, definido como menos del 60 por ciento del ingreso medio. Esta realidad convive con un endurecimiento sistemático de las políticas contra los desempleados, ahora rebautizados como “beneficiarios” de una nueva prestación básica que, en los hechos, funciona como un régimen punitivo.
El proyecto de ley actualmente en disputa permitiría a las oficinas de empleo retirar por completo la ayuda estatal a personas que falten a una cita, rechacen una medida obligatoria o no acepten una oferta de trabajo. La sanción no distingue entre personas sanas y enfermas, ni entre jóvenes, adultos mayores o familias monoparentales. Tampoco considera trastornos mentales, adicciones o situaciones de exclusión extrema. La falta administrativa se castiga con la anulación total de los medios de subsistencia.
La reciente oposición de ministros de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana no se debió a razones humanitarias. El desacuerdo surgió porque el proyecto incluía el derecho de los afectados a ser escuchados antes de la retirada total de las prestaciones. Para los sectores más duros del gobierno, incluso esa mínima garantía resulta inaceptable, pues podría obstaculizar la rapidez del castigo.
El contraste es inquietante: en Alemania, incluso las personas privadas de la libertad conservan el derecho a alimentación, vivienda y atención básica, mientras que los desempleados pueden ser privados de todo por una decisión administrativa. La dignidad humana, principio fundacional del orden constitucional alemán, se vuelve condicional al comportamiento frente a la burocracia.
Los primeros afectados son los más vulnerables: personas con depresión, adicciones, discapacidades intelectuales, personas sin hogar y madres o padres solos sin redes de cuidado. Incluso instituciones afines al propio sistema, como la Fundación Bertelsmann, reconocen que el desempleo de larga duración suele estar vinculado a problemas de salud crónicos y mentales, no a la “falta de voluntad”. Aun así, el Estado insiste en tratarlos como sujetos a corregir, no como personas a proteger.
La crueldad no es solo teórica. En Nordhausen, en el estado de Turingia, la policía recoge a jóvenes desempleados para llevarlos por la fuerza a realizar trabajos municipales pagados simbólicamente con un euro por hora. Quien se niega es castigado con la retirada de prestaciones; quien se oculta, con la inanición. Las autoridades niegan que se trate de trabajo forzoso, aunque la coacción, la amenaza y la humillación pública sean evidentes.
Este endurecimiento se inscribe en una estrategia más amplia. Desde hace décadas, las crisis del capitalismo se gestionan mediante el desmantelamiento del Estado de bienestar y la presión sobre los sectores más débiles. El mensaje es claro: quien teme caer en la miseria acepta salarios más bajos, peores condiciones laborales y menos derechos. El castigo al desempleado funciona como advertencia para toda la clase trabajadora.
La actual ola de despidos masivos agrava el panorama. Miles de personas expulsadas del mercado laboral enfrentan la disyuntiva de aceptar cualquier empleo o caer en un sistema que puede retirarles incluso lo mínimo para sobrevivir. La libertad se reduce a elegir entre la explotación o el hambre.
Tal vez los tribunales intervengan en el futuro, como ya ocurrió tras años de sanciones inconstitucionales.
Pero la justicia llega tarde para quien hoy pierde el sustento. Cuando el hambre se convierte en herramienta de gobierno, el problema ya no es solo social o económico: es una ruptura profunda del pacto democrático. Alemania, que alguna vez simbolizó el Estado social europeo, avanza peligrosamente hacia un modelo donde la pobreza se castiga y la dignidad se administra.
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Fuente e imagen: strategic-culture.su
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