Los desaparecidos que Chile aún no encuentra: la herida silenciosa en plena democracia
Casos como José Huenante, Julia Chuñil y Felipe Correa revelan una impunidad transversal y la deuda de los gobiernos con una política de búsqueda urgente.
Nota: Diario La Humanidad – Patricio Mery Bell
Corresponsalía – Chile
La sombra de los detenidos desaparecidos no terminó con la dictadura. Chile arrastra una tragedia silenciada: los desaparecidos bajo gobiernos democráticos. A través de casos emblemáticos y recientes, este reportaje evidencia la impunidad transversal y la falta de voluntad política que deja a familias en una búsqueda interminable. Exigimos una política pública de búsqueda humana profesionalizada y con recursos reales. Esta es la herida abierta, silenciosa pero muy presente.
Chile arrastra una sombra que no terminó con el retorno de los gobiernos civiles.
Aunque el país suele hablar de “los detenidos desaparecidos” como una tragedia
histórica vinculada a la dictadura, existe otro fenómeno mucho menos abordado,
mucho menos reconocido que se mantiene oculto, silenciado y que cruza
gobiernos de todos los colores durante más de 30 años: los desaparecidos en
democracia.
Nombres que se repiten una y otra vez en discusiones familiares, reportajes
inconclusos, carpetas judiciales archivadas, grupos de Facebook y velatones
improvisadas: José Huenante Huenante (2005), las adolescentes desaparecidas
de Alto Hospicio (1999-2001), Jorge Matute Johns (1999), Julia Chuñil (2024),
María Ignacia Gonzales Torres (2025), Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de
Sociología de la Facultada de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, desde
el 21 de agosto 2025 desaparecido en Viña del Mar y decenas —quizás cientos—
más que jamás tuvieron resolución total, cierre definitivo, ni verdad plena.
Cada uno de estos casos tiene contexto distinto, geografía distinta, edad distinta.
Pero todos tienen un hilo conductor:
El Estado nunca estuvo a la altura de encontrarlos.
Impunidad transversal
Chile presume instituciones sólidas, modernizadas, informatizadas, tecnificadas.
Sin embargo, cuando se trata de búsqueda humana… el Estado se muestra lento,
poco coordinado, y muchas veces burocráticamente insensible.
Fiscales que renuncian a líneas de investigación, diligencias básicas que se
ejecutan meses después, disputas de competencias, falta de prioridad política.
Y un punto estructural que nadie se atreve a enfrentar con honestidad:
¿Cuántos recursos reales tienen las fiscalías y las unidades especializadas para
extravío / secuestro / desaparición?
La respuesta suele ser un gesto, evasiva o silencio.
El costo humano de la “estadística baja”
El discurso oficial suele minimizar el fenómeno con argumentación técnica:
“en Chile el índice de desaparición de larga data es bajo comparado con otros países”.
Pero para las familias… no es estadística. Es un ser humano concreto.
Madres que pasan 15 años golpeando puertas.
Hermanos que investigan más que sus propios fiscales.
Organizaciones sociales que inyectan presión mediática para que el caso no
muera.
Y mientras tanto, el Estado chileno —que reaccionó con fuerza institucional y
protocolos cuando se trató de la dictadura— parece no haber construido nada
equivalente para la desaparición bajo gobiernos democráticos.
La deuda pendiente
Los desaparecidos en democracia derriban una comodidad ideológica:
la violación de derechos fundamentales no se acaba con el cambio de régimen.
Puede continuar por omisión, negligencia, normalización y abandono.
Chile necesita una política pública permanente y profesionalizada de búsqueda
humana, con estándares internacionales, con financiamiento dedicado, con
fiscalías especializadas, con protocolos inmediatos (no 48 ni 72 horas).
Porque mientras Chile no encuentre a quienes desaparecieron bajo su propia
institucionalidad democrática…
seguirá habiendo una herida abierta, silenciosa, pero vigente.
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Imagen: imdb.com
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